La letrada de Ricardi presentará la semana próxima el recurso para revisar la condena

La nueva letrada de Rafael Ricardi confirmó ayer que la semana próxima presentará el recurso para que se lleve a revisión la condena impuesta al portuense en el año 96 por la Audiencia Provincial, por la cual fue sentenciado por dos delitos de agresión sexual cometidos a una joven en El Puerto de Santa María, un año antes.

Este anuncio lo hizo en una rueda de prensa convocada por la Asociación Pro Derechos Humanos, a la que pertenece la abogada, y en la que también estuvo presente la hermana del preso, Milagros. Basándose en las declaraciones efectuadas por el comisario provincial, José María Deira, que defiende la inocencia del preso, la letrada Antonia Alba declaró su propósito de poder sacar de la cárcel a su cliente, al que considera que fue víctima de un error.

También trasladó el sentir de Ricardi, que se encuentra recluido en Puerto III, y que no sólo proclama su inocencia, sino que niega que se hubiera autoinculpado alguna vez. La letrada ratificó esta circunstancia, asegurando que en el contenido del expediente al que ha tenido acceso, no aparece ningún acta firmada por su patrocinado en el que conste declaración alguna ni que tampoco lo hubiera hecho ante el juez.

Este periódico tuvo acceso al contenido íntegro de las actuaciones policiales y judiciales -y no sólo al expediente concerniente a la causa vista en la Audiencia Provincial- desde que se produjera la primera de las diez agresiones que la Policía Nacional ha dado por esclarecidas con la detención de dos jerezanos. Así, recientemente LA VOZ publicó que en agosto de 1999 tres agentes le interrogaron, cuando ya estaba condenado, para que les ayudara a localizar a su cómplice. En ese momento, Ricardi confesó por primera vez, incluso pidió perdón por lo ocurrido. Tres meses después, el juez del nº 2 de Instrucción de El Puerto le volvía a tomar declaración y el preso se manifestaba en los mismos términos. Tanto la letrada como el portavoz de Derechos Humanos, Rafael Lara, insistieron en que si esa documentación existía no se les había facilitado.

Lara fue más rotundo en sus declaraciones, y aunque no se posicionó sobre la inocencia o no del portuense, sí definió la situación de Ricardi de «ensañamiento porque desde el año 2000 hay serias dudas de su culpabilidad y no se ha hecho nada». Por eso llegó a sugerir que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial deberían investigar «por qué no actúa» el Ministerio Público de Cádiz. Y volvió a apelar a la discriminación que suelen sufrir las personas toxicómanas o de escasos recursos ante la justicia.

Por su parte, la Fiscalía está a la espera del resultado de una última prueba para adoptar una decisión. Desde que la Policía Nacional pusiera en duda la culpabilidad del portuense, la fiscal jefe asumió el estudio del caso y en la batería de actuaciones que ha llevado a cabo está el traslado de Ricardi desde la cárcel de Topas para que declare como imputado.

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