Del gratis total al 'no' rotundo

Ni las Ordenanzas reguladoras del proceso de legalización ni el Plan Director de Infraestructuras, los dos marcos jurídicos de la regularización en Chiclana, lo tienen fácil para ver la luz. Mal empieza pues la legalización masiva de 15.000 viviendas irregulares, construidas en su mayoría sobre una superficie cercana a los 18 millones de metros cuadrados, que se suponía (según las estimaciones de la propia Gerencia Municipal de Urbanismo), que debía comenzar de forma oficial este verano.

De momento, el edil del área, José Pedro Butrón, no ha logrado un entendimiento con la oposición, el PSOE, para sacar adelante ambos borradores y llevarlos a Pleno. Lo peor es la sensación que existe en la localidad de que la mayor parte de propietarios no está por la labor de pagar unos costes que consideran excesivos. Esto se corrobora con los datos de las visitas de propietarios a la Oficina de Regularización habilitada en Huerta del Rosario para dar información a los vecinos y que no llegan a las 900 desde enero, muy por debajo de lo esperado.

Pese a todo, Butrón insiste: «La postura del PSOE es esquizofrénica; por un lado aseguran que el proceso es una creación suya y por otro no lo apoyan. Hay que llevar a Pleno en junio los dos documentos, y nos gustaría que el proceso contara con los 25 votos favorables de la Corporación al completo; el PSOE debe decidir si se suma o no a la legalización, así de sencillo».

Desde las filas socialistas se insiste entretanto en que «el cuatripartito prometió a los propietarios desde la gratuidad total del proceso al pago de un tercio del montante final, y ahora dicen que deben asumir el coste íntegro, por lo que no cabe duda de que se ha mentido a los ciudadanos». Se refieren a las promesas electorales, escenificadas en la campaña de los pasados comicios, cuando un debate sobre urbanismo dejó sobre la mesa las propuestas del PP y del PSA para que los propietarios pagaran sólo un tercio del coste o les saliera gratis.

Propietarios y pagos

De momento, y para buscar el encuentro entre las dos partes, queda pendiente un nuevo encuentro entre el Gobieno y la oposición. En éste, y con los técnicos como testigos, se harán aportaciones para que tanto las Ordenanzas como el Plan Director sean aprobadas definitivamente y el proceso de legalización pueda comenzar tras veinte años de descontrol urbanístico.

Otro cantar será convencer a los vecinos y propietarios de casas ilegales en zonas del extrarradio como El Marquesado, Rana Verde, Hozanejos, Llano de las Maravillas o Pago del Humo, para que asuman unos costes que consideran «excesivos y escandalosos». Y es que para legalizar cada metro cuadrado construido los precios van de los 22 a los 35 euros según la zona, coste al que hay que añadir el importe de las tasas administrativas para iniciar los expedientes, y el coste propio de los servicios de urbanización (luz, agua y asfaltado principalmente), que arrojan un cálculo medio de 23 euros por metro cuadrado neto.

Desde algunos colectivos, como parte de las comunidades de propietarios de Rana Verde (la primera zona que se iba a urbanizar), ya se anuncian incluso movilizaciones para protestar por lo que consideran «costes abusivos», y las cinco federaciones de AA VV que existen actualmente en Chiclana preparan para el próximo martes un acto público conjunto para denunciar la situación del diseminado y la carestía que tendrá la regularización. De momento, los datos cantan. El Plan Director estima en 448 millones de euros el coste de las infraestructuras y las Ordenanzas establecen que serán los propietarios los que deban asumir, con rebajas y facilidades, el pago íntegro de este proceso.

chiclana@lavozdigital.es