Un alcalde próximo a la banda

José Antonio Barandiaran Ezama fue concejal de Herri Batasuna (HB) durante dos legislaturas (1983-1987 y 1987-1991) y alcalde de Andoian por Euskal Herritarrok (EH) entre 1999 y 2003, mandato durante el que figuró como teniente de alcalde de esta misma formación Ainhoa Ozaeta Mendikute, detenida anoche.

Durante la legislatura en la que Barandiaran y Ozaeta gobernaron el municipio fueron asesinados por ETA en Andoain el colaborador del diario El Mundo y uno de los fundadores del Foro de Ermua José Luis López de Lacalle -el 7 de mayo de 2000- así como el jefe de la Guardia Municipal de Andoain, militante socialista y miembro de Basta Ya, Joseba Pagazaurtundua, el 8 de febrero de 2003.

Precisamente a raíz de este asesinato, el PSE/EE con el apoyo del PP planteó presentar una moción de censura para arrebatar la alcaldía del municipio a EH, que gobernaba en minoría el consistorio, pero esta iniciativa no contó con el apoyo del PNV por lo que no prosperó.

Un ordenador

Barandiaran fue condenado a siete años de inhabilitación por comprar con fondos públicos un ordenador para un dirigente de ETA encarcelado en Francia.

El tribunal le consideró culpable de un delito de prevaricación, pero le aplicó la atenuante de haber devuelto el dinero al consistorio.

El ordenador, que costó 2.055,72 euros, fue pagado con fondos municipales que fueron entregados a los familiares del ex jefe del "aparato logístico" etarra Asier Oiartzabal Txapartegi, "Baltza", que se encuentra encarcelado en Francia desde septiembre de 2001.

Los familiares de Asier Oiartzabal le compraron un ordenador y remitieron posteriormente la factura al consistorio. El asunto fue tratado en la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento el 19 de mayo de 2003 y posteriormente en la Comisión de Gobierno pero no se debatió en el pleno municipal.

El pago del dinero fue hecho pese a la oposición de la interventora municipal que advirtió que constituía un acto nulo de pleno derecho al no existir una consignación presupuestaria de fondos para cubrir esos gastos y que era el pleno el que tenía que decidir la cuestión.

La Audiencia de San Sebastián, en la sentencia en la que condenó a Barandiarán en noviembre de 2007, señaló que el informe de la interventora era preceptivo por lo que tenía que haberse suspendido el expediente hasta que el órgano municipal competente resolviera la cuestión. No obstante, el tribunal absolvió al alcalde de la acusación de malversación de fondos por la que el fiscal le pedía cuatro años al estimar que la compra del ordenador perseguía la "reinserción social" del recluso.