Guía para navegar en el equilibrio territorial

Es el típico tema que no se cuela en las conversaciones que mantenemos ni la barra de los bares ni en los supermercados ni en las peluquerías. El debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica es un asunto lejano a las prioridades cotidianas de los ciudadanos, pese a que sí afecta de forma directa al día día. Del dinero que reciben las comunidades autónomas del Estado dependen servicios básicos como la educación o la sanidad.

Hay un ramillete de términos técnicos que van a sonar mucho en los próximos meses, sobre todo en intervenciones de dirigentes políticos y tertulias periodísticas. Conforman una guía básica para entender este difícil equilibrio financiero entre España y las regiones que la conforman.

REPARTO DE LA TARTA COMÚN

El actual, vigente desde 2002

Búsqueda de la mejor norma

Este instrumento fija las reglas del reparto de los ingresos del Estado entre todas las comunidades autónomas. Cada vez que se abre una reforma del sistema afloran las tensiones políticas, porque cada autonomía quiere un trozo mayor de la tarta. No hay que confundir la financiación autonómica con las inversiones que el Gobierno central realiza anualmente en todas las regiones y que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado.

El actual sistema de financiación autonómica está vigente desde el 1 de enero de 2002 y fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por todas las comunidades autónomas. Los estatutos andaluz y catalán incluyen en su articulado una propuesta para que se revise el modelo cada cinco años.

En total han sido cuatro los sistemas de financiación autonómica que han regido la España democrática. Fue Felipe González quien abrió en el año 1993 la primera reforma de la financiación para ceder un 15% del IRPF a las comunidades.

Se revisa en el año 1996, con José María Aznar en La Moncloa y en 2000. En esta ocasión, Andalucía no lo firmó, porque consideraba que el Ejecutivo popular no contabilizó el censo real de Andalucía -la Junta denunció la no inclusión de 400.000 personas-.

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Órganos de decisión

Consejo de Política Fiscal y Financiera

Fue creado en 1980 al amparo de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) para mejorar la coordinación entre administraciones. Tiene un marcado carácter técnico y congrega a los ministros de Economía y Administraciones Públicas con los consejeros de Hacienda de cada comunidad, excepto del País Vasco y Navarra, que tienen un régimen diferente en sus relaciones económicas con el Estado. José Luis Rodríguez Zapatero quiere que la nueva reforma se concluya en agosto.

El Fondo de Suficiencia es otro instrumento clave a la hora de configurar un sistema que garantice que todos los territorios españoles puedan prestar sus servicios en condiciones de igualdad, con independencia de su capacidad para recaudar tributos. De hecho, se encarga de distribuir los recursos según las necesidades. La Constitución española, además, estipula en su artículo 158.2 que para corregir desequilibrios económicos entre territorios y cumplir con el principio de solidaridad, se cuenta con el Fondo de Compensación, vital para el desarrollo de las autonomías con menor renta.

CESTA DE IMPUESTOS

Corresponsabilidad fiscal

Gestionar el 50% de IVA e IRPF

Andalucía y Cataluña coinciden en pedir que la reforma del sistema de financiación abunde en una mayor responsabilidad de las autonomías sobre los impuestos, para gozar de una mayor suficiencia financiera. Ambas regiones difieren, sin embargo, en el criterio a seguir. El Estatut recoge que el Estado garantizará con los mecanismos de nivelación y solidaridad, que se definirán de forma transparente. Pero resalta que al aplicarse estos mecanismos no podrían alterar en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación. Andalucía, por contra, fija como principio la solidaridad, de forma que se garantice un equilibrio económico justo y adecuado entre las diversas partes del territorio.

El modelo vigente cede a las autonomías la recaudación de un 35% del IVA y un 33% del IRPF. La propuesta andaluza (similar en este aspecto a la catalana) es elevar estos porcentajes hasta el 50% y ampliar hasta el 58% el correspondiente a los especiales.