ANTONIO SOTO. Se gana la vida realizando chapuzas ocasionales en el sector de la construcción. Es el único ingreso que hay en su hogar.
Jerez

Otra bofetada a la familia Soto

Tras perder su casa por el impago de una reunificación de créditos, ahora se enfrenta a una reclamación de 20.000 euros por unas obras hechas en la misma

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La familia Soto saltó a la primera plana de los medios locales y nacionales el pasado mes de julio, cuando perdió su vivienda en el Polígono de San Benito. El motivo, un desahucio que pesaba sobre la misma por una refinanciación de deudas con la empresa Kapital (antes Credijerez). El problema de esta familia jerezana, que se sustenta con los trabajos temporales del padre, Antonio Soto, en el sector de la construcción, se remontaban ya a un año antes, cuando acumuló una deuda de 18.000 euros. Antonio acudió entonces a los servicios de la empresa Credijerez, donde le concedieron un crédito de 38.200 euros y le anunciaron que rehipotecarían su piso para ir pagando poco a poco. Según ellos, saldaron su deuda inicial, pero nunca recibieron el dinero restante del préstamo ni se rehipotecó la vivienda. Así, sin poder hacer frente al pago de las letras, los intereses se fueron acumulando hasta que la cifra que adeudaban ascendieron a 60.000 euros, diez millones de las antiguas pesetas.

El Ayuntamiento facilitó a la familia un piso en la avenida de la Libertad, en el edificio conocido popularmente como Titanic. Pagan por él un alquiler mínimo, de apenas 60 euros. Pero cuando parece que comenzaban a remontar mínimamente el vuelo, el destino les ha propinado una nueva bofetada: la persona que se ha quedado con el piso de San Benito tras el desahucio -«un empresario de Málaga vinculado a Credijerez», según Antonio Soto- les reclama ahora 20.000 euros por vía judicial. Es la cantidad en la que el nuevo propietario ha valorado los desperfectos con los que se encontró en la casa cuando entró.

Antonio y su familia argumentan que se refiere, principalmente, a unas paredes que tiraron abajo cuando aún vivían allí con la intención de realizar unas obras, «y que tuvimos que dejar así cuando nos echó la Policía Nacional».

Aseguran que no pueden hacer frente al pago de esos 20.000 euros. Consideran que no le corresponde y alegan, además, que tampoco podrían hacerlo aunque quisieran. «Mi mujer está en el paro y yo vivo de las chapuzas que me van saliendo en el tema de la construcción», explica Antonio Soto.

La preocupación es considerable, según reconoce. Sobre todo desde que supo que tendrá que responder a la demanda recibida en un juicio que se celebrará la semana que viene. «No sé qué vamos a hacer como nos digan que tenemos que pagar 20.000 euros», apunta.

Se lo toma con resignación, quizá consciente de que sobre sus espaldas recae en estos momentos todo el peso de su familia. Los que peor lo están pasando son su esposa, Montse Romero, y su hijo pequeño de 10 años. Ambos siguen tratamiento psicológico y el segundo «aún se despierta algunas noches sobresaltado recordando a la Policía Nacional dando golpes cuando estábamos en la otra casa».

Son pesadillas que, aunque de otra manera, también reviven estos días Montse y Antonio. La sola idea de que una sentencia les obligue a pagar los 20.000 euros que les reclaman les martiriza desde hace unas semanas. Sólo quieren pasar el mal trago lo antes posible y esperar a que la vida les regale una sonrisa de una vez.