Misión en Kosovo

Sin embargo, no todas las misiones en el extranjero son idénticas. El articulo 19 de la Ley de Defensa Nacional aprobada a iniciativa del Gobierno de Zapatero en el año 2005 establece las condiciones que deben cumplirse para que nuestras Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior, y que en concreto son: a) que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen, o estén autorizadas en resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la OTAN; b) que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones y que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas; y c) que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento.

Como es evidente, la larga sombra de la Guerra de Iraq estaba detrás de este artículo. Hasta ahora la misión de la OTAN en Kosovo -KFOR-, cumplía las mencionadas condiciones, ya que estaba amparada por la Resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenía una finalidad humanitaria y de mantenimiento de la paz, y había un consentimiento expreso de Serbia, estado soberano en cuyo territorio se realizaba. Efectivamente, en la Resolución 1.244 se establecían las condiciones del despliegue de la fuerza multinacional en Kosovo, con el beneplácito de la Republica Federativa de Yugoslavia (actualmente Serbia) para las misiones que se establecían, que en resumidas cuentas eran garantizar el alto el fuego y mantener el orden y la seguridad públicos de forma que se pudiera establecer una administración de transición hasta tanto se alcanzara una solución definitiva, todo ello con expreso reconocimiento a la soberanía e integridad territorial de la República Federativa de Yugoslavia, dentro de la cual Kosovo disfrutaría de una autonomía sustancial.

No cabe la menor duda de que las autoridades locales de Kosovo se han prevalido de la seguridad y estabilidad que les ha otorgado la KFOR para formular la declaración unilateral de independencia, contraviniendo de esta manera la reiterada resolución 1.244 del Consejo de Seguridad, la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, de forma que sería inimaginable dicha declaración de independencia sin la presencia de la KFOR en su suelo, lo que ha constituido un auténtico abuso de derecho internacional. El gobierno español no ha reconocido -de momento- a Kosovo como nuevo Estado independiente, aunque parece que hubo intereses electorales de por medio, por cuanto que nuestro gobierno no se oponía tanto a la independencia de Kosovo, como a que ésta se declarase antes del 9 de marzo.

La secesión de Kosovo cambia radicalmente las circunstancias sobre las que se asienta la resolución 1.244, de forma que el Consejo de Seguridad no tendrá más remedio que pronunciarse sobre la nueva situación, so pena de caer en el descrédito más absoluto, y de camino cada Estado participante en la KFOR deberá analizar si su presencia en dicha Fuerza Multinacional es conforme con su propio ordenamiento jurídico.

La ONU no termina de reaccionar jurídicamente a la declaración unilateral de independencia de Kosovo porque ni reconoce a Kosovo como Estado soberano, ni rechaza su independencia. Al no derogar la resolución 1.244, en mi opinión, la deja en el limbo jurídico. La ONU actúa como si dicha independencia no se hubiera producido, y mantiene en vigor una resolución que pretende unos objetivos que la independencia de Kosovo simplemente hace imposible, llegándose por ello a un auténtico absurdo jurídico. Esta nueva situación obliga a preguntarnos si desde la independencia de Kosovo la misión de la KFOR cumple los requisitos del artículo 19 de nuestra Ley de la Defensa Nacional. Es obvio que el beneplácito del estado soberano en que se desarrollaba la misión -Serbia- ha desaparecido por completo, convirtiéndose en abierta oposición; la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad ha sido violada por las autoridades de Kosovo; la misión del alto el fuego de la KFOR ha sido convertida en complicidad en la consolidación de un Estado creado mediante un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional; la administración transitoria de la ONU, las autoridades kosovares pretenden hacerla permanente en beneficio propio; y la búsqueda de la solución definitiva que pretendía alcanzar la ONU ha sido sustituida por la imposición de una solución unilateral, todo ello contraviniendo la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y sin el menor respeto a la soberanía e integridad territorial de Serbia.

En definitiva, la declaración unilateral de independencia de la provincia serbia de Kosovo no sólo produce efectos en el ámbito internacional, sino que en mi opinión ha modificado las condiciones de nuestra permanencia en la KFOR hasta el punto de convertirla en ilegal, al incumplir ahora las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley de la Defensa Nacional. Si el Gobierno pretende ser consecuente con sus propias iniciativas legislativas, si aspira a ser -como presume- el paladín del Derecho internacional, debe aceptar que estos propósitos son incompatibles con la decisión de mantener a nuestras fuerzas en la KFOR, que actualmente sostienen a un estado nacido de un acto contrario a la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, y caso de continuar nuestra misión en Kosovo, un observador imparcial podría interpretar que la retirada de nuestras fuerzas de IRAQ y la aprobación a bombo y platillo del artículo 19 de la nueva Ley de la Defensa Nacional fue puro oportunismo político, o lo que es peor, pura demagogia.