Opinion

Adecuar las ayudas

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a posibilidad de que el Ministerio de la Vivienda amplíe las ayudas directas para acceder a un piso en alquiler a personas separadas o divorciadas responde sin duda a la creciente sensibilización sobre las dificultades a que se enfrentan muchos hombres y mujeres que en un proceso de ruptura se ven obligados a abandonar el domicilio hasta entonces común y padecen, además, una merma considerable de su disponibilidad económica. Pero la inclusión de estos casos entre los que pudieran tener acceso a las mencionadas ayudas no debería pretender solventar aquellos problemas que tengan su causa en alguna imprevisión legal o en alguna sentencia de disolución matrimonial. Más bien, antes de que se habiliten tales ayudas sería conveniente que el legislador examinara tanto la norma como su aplicación por si pudieran resolverse vía reforma legal las necesidades evidenciadas.