El gobierno sancionará a Dragados si no retoma las obras del nuevo Ayuntamiento

Tal y como adelantaba ayer este medio, la constructora Dragados, adjudicataria por poco más de 6,6 millones de euros de las obras de ampliación del nuevo Ayuntamiento de Chiclana, mantiene firme sus exigencias de una compensión económica mayor a la pactada en el pliego de condiciones del proyecto por sus obras.

Así, y según apuntaron ayer fuentes del gobierno municipal, «en los últimos meses la empresa ha exigido el pago de más de 350.000 euros por diferentes conceptos de unidades de obra como el desamiantado de los escombros, un andamio exterior o un canon de vertido».

La mayoría de estas exigencias no han sido atendidas por la dirección técnica de la obra, que corre a cargo del arquitecto municipal, Rafael Suárez. Súarez asegura en un informe que «el único interés de la empresa Dragados para demorar las obras es la motivación económica». Así las cosas, la realidad es que las obras del edificio consistorial en pleno centro urbano continúan paradas, y acumulan ya un retraso de varios meses.

Desde el gobierno municipal, la delegada de Grandes Proyectos, Teresa Ruíz-Sillero, se mostró ayer convencida de que «una empresa de la solvencia y la imagen de Dragados no llegará al extremo de renunciar a la obra y no creo que nos veamos obligados a rescindirle el contrato».

Mientras tanto, lo que sí está dispuesto a hacer el Ayuntamiento es presionar todo lo posible a la constructora para que retome las obras. Incluso amenaza con sanciones que llegarían de la mano de un retraso excesivo en los plazos (340 días de obra que comenzaron el pasado julio), o del hipotético incumplimiento de una moción planaria en la que se le instará a reiniciar los trabajos en un plazo máximo de cinco días.

Esta moción, que ya fue rechazada en el Pleno del pasado jueves, volverá a ir a la próxima sesión, «si antes no se convoca un Pleno Extraordinario para este asunto como estamos barajando», según adelantó Ruíz-Sillero.

El último escollo entre ambas partes para que se retomen los trabajos es el pago de un canon de vertedero, que la multinacional exige ahora por una cuantía de 96.000 euros, y que técnicos municipales consideran que ya estaba recogida entre sus obligaciones.

Cabe recordar que la firma del acta de replanteo para el inicio de las obras de ampliación de la Casa Consitorial se produjo el pasado 9 de julio. Un día después Dragados presentó ya su primera solicitud de suspensión de obras.

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