La Fiscalía admite la denuncia vecinal contra el alcalde por incumplir la 'Ley Antibotellón'

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) finalmente ha hecho un brindis a favor de que se investigue el cumplimiento de la Ley Antibotellón en la ciudad y ha admitido a trámite la denuncia presentada el 26 de marzo por la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA) contra el alcalde, Manuel de Bernardo (PA).

El presidente de la CAVA, Antonio Viruez, se mostró «satisfecho» porque el TSJA haya advertido que puede haber un incumplimiento de la citada Ley y que, por ello, haya decidido abrir un expediente, mientras que la presidenta de la Asociación de Vecinos Los Claveles, Dolores Cano, considera que se trata de una noticia «agridulce», aunque añade que es la única alternativa que les ha dejado De Bernardo para que se tome en serio el derecho de los vecinos al descanso.

Además, Cano recuerda que los vecinos de la zona de La Magdalena, lugar en que se encuentra instalado el botellódromo, están a la espera desde febrero de que el delegado de Juventud, José Miguel Rodríguez, les reciba para ofrecerles una alternativa de traslado de la carpa.

En la denuncia contra el alcalde, la CAVA indica que las obligaciones que se derivan de la normativa «son ignoradas de manera sistemática todos los fines de semana por el alcalde, quien no tiene determinado con rigurosidad la delimitación del espacio abierto de ocio». Asimismo, precisa que son 300 las familias las que «soportan hasta altas horas de la madrugada las estridencias de los altavoces a todo volumen de los llamados coches discotecas» e incide en que la limpieza y salubridad de las zonas denominadas de ocio están «muy limitadas y son bastante deficientes».

El Gobierno local declara que sigue trabajando para dar la mejor alternativa posible al botellódromo y pide a las administraciones competentes apoyo a un municipio falto de suelo por la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, la delimitación del Parque Natural, los terrenos afectados por Defensa y por las líneas de seguridad del citado Ministerio, así como por su carácter insular.

El Ayuntamiento recuerda que Medio Ambiente no autoriza la propuesta municipal de los terrenos de La Leocadia para ubicar el botellón, al tiempo que guarda silencio cuando se le pregunta por las medidas complementarias que se deberían adoptar para hacer uso de ese suelo.

Posibles denuncias

Viruez avisó al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), de que será

el próximo edil denunciado ante el TSJA «si no mejora la situación en la capital onubense». En concreto, señaló que, aunque ha habido mejoras, «la zona de la Merced vuelve a tener problemas a los que hay que buscar una solución».

Otro de los alcaldes cuya gestión en la aplicación de la Ley no es correcta, según Viruez, es el alcalde de Ubrique, Francisco J. Cabezas, quien «desde el año pasado tiene aprobada una partida de 110.000 euros de la Consejería de Gobernación para realizar una zona de ocio juvenil, cuyas obras aún no han empezado».