Numerosas incógnitas en torno a los nuevos análisis solicitados

Meses atrás, la familia de Juan Holgado, a través de su abogado, José Miguel Ayllón, pidió un nuevo examen de los restos de sangre y de las muestras de ADN tomadas en la gasolinera de Martín de Ferrador después del crimen. Y en su escrito, presentado al Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez, se incluía también una petición de que se tomasen nuevas muestras a una serie de personas, los cuatro exculpados y alguna otra que podría estar relacionada con ellos o con el suceso.

El escrito reclama que se hagan una serie de pruebas y estudios concretos, aprovechando las nuevas tecnologías y los avances en los procesos y técnicas correspondientes producidos en estos doce años. La petición se fundamenta en dos apartados principales, uno centrado en las huellas dactilares y otro, en diferentes restos de ADN existentes.

Sobre el primero recuerda que en el interior de la gasolinera se encontraron numerosas huellas de las que se sacaron fotografías que obran en autos. Una se halló impresa sobre un tetrabrik de zumo, que estaba impregnada de sangre y que podía pertenecer al autor. El tetrabrik desapareció en dependencias policiales o judiciales, pero «de su fotografía se puede obtener la identificación de la huella».

Cabe recordar que el resultado del estudio lofoscópico realizado en su día fue negativo, es decir, que se determinó que las huellas no pertenecían a nadie ni que estuviera fichado o poseyera DNI. Esto «resulta increíble e induce a pensar en una mala o defectuosa realización de la diligencia», asegura Ayllón.

Sobre la prueba de ADN apunta que se realizó por el Instituto de Toxicología de Sevilla y los medios con los que se contaban entonces eran muy escasos y «no se buscaban todos los alelos o factores», señala el escrito remitido.

La representación de la familia Holgado considera que todavía pueden hacerse, además, nuevas diligencias válidas sobre el ADN. Por eso pide informes sobre, por ejemplo, las ropas del fallecido y las puntas de navaja y otros objetos encontrados en la casa de Domingo Gómez, uno de los acusados en su día como participante en el crimen.

También reclama que se efectúen pruebas «sobre personas que fueron investigadas y a las que se tomó muestras de sangre». Y apunta directamente a Eduardo Asencio Ortega -se le encontraron días después heridas en la mano-, Rafael Asencio Ortega -se le había visto portar una medalla que era una de las principales pruebas-, Yolanda Castro Pacheco y David Domínguez Melero -estos últimos pudieron haber estado en la gasolinera la noche del asesinato, según un testigo-.

La familia dice que la autoridad judicial ha accedido a esa petición de realizar nuevas pruebas sobre las personas investigadas. Su abogado lo confirma. Sin embargo, otras fuentes judiciales relacionadas directamente con varios de los exculpados lo niegan. Dicen no tener constancia de ello y consideran inverosímil que se haya dado esa orden. «No se puede saltar un derecho fundamental como ése porque sí y sin que las personas a las que afecta estén procesadas, que no es el caso», señalan.

La palabra de unos contra la de otros, en definitiva. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 es en cualquier caso quien tiene la última palabra.