Cinco negocios alquilados se unen a la demanda contra la expropiación por el tranvía

Los afectados por la expropiación que la Junta va a acometer para la ejecución de las obras del tranvía entre Montañeses de La Isla y San Marcos, a la entrada en la ciudad desde Chiclana, no están dispuestos a que este medio de transporte pase por encima de su futuro. Por ello, los inquilinos en régimen de alquiler de cinco negocios de la zona se han unido a la demanda interpuesta por cinco propietarios a principios de año ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para condenar el trazado.

Será hoy cuando se levanten las actas previas de ocupación para lo que los nuevos demandantes tendrán que presentar el contrato de alquiler de cara a una valoración inicial que autorice la ocupación de la finca, según ha explicado el representante legal de los afectados, José Antonio Gamero.

No obstante, los afectados contarán con el apoyo del Ayuntamiento después de que Obras Públicas haya dado el visto bueno por escrito al ofrecimiento de la Empresa Pública de Suelo (Esisa) para ofrecer locales y viviendas a los expropiados para su futura reubicación. El Consistorio tiene previsto dar este paso antes de que los inquilinos tengan que abandonar de manera forzosa sus inmuebles, circunstancia prevista para otoño.

De hecho, el alcalde, Manuel María de Bernardo (PA), anunció ayer que el miércoles mantendrá una reunión con los afectados. Este encuentro tendrá lugar después de la celebración en estos días de un consejo de gestión extraordinario de Esisa en que se estudiará la información remitida recientemente por Obras Públicas y de la que De Bernardo, de momento, no ha querido hablar.

Indemnizaciones

Desde el equipo de Gobierno local han asegurado que existe la voluntad de tratar los expedientes de expropiación como si fueran del propio Consistorio, «al igual que ha ocurrido en otras ocasiones». Eso sí, sin olvidar que las indemnizaciones serán fijadas por parte de Obras Públicas.

«El Ayuntamiento va a poner sobre la mesa lo que tiene», afirma el alcalde, aunque incide en que la cuantía de las indemnizaciones no están en su mano, por lo que «si un local cuesta 90.000 euros y la indemnización es de 60.000, los afectados tendrán que pagar lo que resta».

El representante legal de los afectados prevé que en dos meses se produzca una valoración previa de los inmuebles y que el justiprecio definitivo se conozca a finales de año.

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