El decreto 880

De hecho, parece tratarse de un intento de obtener la liberación de Ingrid Betancourt, la antigua candidata a la presidencia secuestrada por los terroristas hace más de seis años y que, por su doble nacionalidad colombiana y francesa, es una prioridad de la diplomacia gala. Informes reiterados sugieren que la salud de Ingrid ha empeorado mucho y se teme por su vida.

El brusco giro es el resultado de consideraciones diversas, incluyendo cálculos políticos y rentabilidad eventual, además de consideraciones puramente humanitarias, aunque la fuente oficial que ha glosado el alcance del decreto 880 haya sido el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, cuya versión, muy favorable a la amplitud del mismo y su carácter ejecutivo y claro mueven al optimismo.

Las FARC han sufrido graves pérdidas de credibilidad por su conducta y serios reveses militares que podrían suscitar un debate en sus filas más práctico que el de la mera retórica de un grupo que ha derivado a peor desde la guerrilla clásica en el específico marco político colombiano (el largo periodo llamado La Violencia originado por el asesinato de Jorge Eliécer Gaytán en 1948) hasta hoy.

Según los términos del decreto, el Ejecutivo, sin más trámites, liberará a quien quiera a cambio de gestos de las FARC con la sola condición de que los excarcelados suscriban un compromiso de no volver a delinquir. Pero esto, que parece tan razonable, puede ser un inconveniente porque unos mil ex-combatientes rehúsan ser moneda de cambio y solo desean ser liberados y rehacer sus vidas por libre y sin más, sin Gobierno y sin FARC.

Hay, en fin, otro problema que resolver: el Gobierno colombiano desea evitar cuidadosamente que la eventual liberación de Ingrid sea fruto de la gestión de Hugo Chávez, el bullicioso presidente venezolano que se involucró, con el respaldo francés, en el intento y consiguió algunos éxitos, pero no poner la guinda en el gran pastel de la fiesta que será, en el mundo entero, la libertad de los secuestrados.