El cuatripartito rectifica y no hará cargo de confianza al Defensor del Ciudadano

Para unos es una rectificación a tiempo y, para otros, la demostración de que los Presupuestos 2008 estaban realizados sin precisión ni rigor. Las cifras económicas que regirán el presente ejercicio se aprobaron ayer de forma definitiva en sesión plenaria extraordinaria, convocada para resolver las 42 alegaciones presentadas por diferentes colectivos y el único partido en la oposición, el PSOE.

Finalmente, el Gobierno cuatripartito estimó ocho de ellas, seis registradas por el PSOE y otras dos que fueron presentadas por ciudadanos particulares.

En estas últimas está lo más significativo de las modificaciones que incluyen los presupuestos para este año, puesto que el cuatripartito da, al aceptarlas, marcha atrás en su planteamiento de que la nueva figura del Defensor del Ciudadano estuviera bajo la categoría de funcionario eventual o personal de confianza nombrado directamente por la Alcaldía.

De esta manera se corrige una cuestión que había suscitado mucha polémica en las últimas semanas. Se anunció en el Pleno que «se elaborará un estatuto propio para la creación de este puesto», que queda además fuera de la relación de puestos de trabajo que el Consistorio planteó para 2008, y que asciende a 28 plazas de personal de confianza y casi 1,152 millones de euros de coste.

Pocas variaciones más contendrá un documento presupuestario, el primero de la legislatura. Desde el equipo de Gobierno se reconocía que «tiene algunos errores aritméticos y determinadas carencias que ya han sido solucionadas».

La portavoz del cuatripartito, Teresa Ruiz-Sillero, cifró en «un 0,5% de los 155 millones de euros del presupuesto consolidado» el error cometido.

Sin embargo, la visión del partido de la oposición es bien diferente; para su portavoz, José María Román, «éste es un presupuesto de derechas, poco social, y cuyos cambios obligados por las incorrecciones suman más de dos millones de euros».

Las principales modificaciones que se aprobaron ayer hacen referencia a los fondos para el plan de pensiones de los funcionarios, que no se contemplaba, al incremento de la partida para gastos de limpieza, agua y luz en los colegios, que era insuficiente, o al mantenimiento de las subvenciones a viñistas, que se había eliminado.

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