Una sentencia anula la orden municipal que obliga a Diputación a arreglar Capuchinos
La alcaldesa dice que ya ha recurrido ante el TSJA y asegura que no puede actuar en la plaza por la denuncia que mantienen los vecinos por el estado de los garajes
Actualizado: GuardarUna sentencia judicial ha dado la razón a la Diputación en el pleito que mantiene con el Ayuntamiento de Cádiz sobre las obras de pavimentación que deben realizarse en la plaza de Capuchinos.
El documento emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz admite el recurso interpuesto por el Patronato de Vivienda de la Diputación Provincial de Cádiz y anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz, de fecha 28 de octubre de 2005, que requirió a la Diputación para que en el plazo de dos meses comenzara la realización de las obras de pavimentación.
La sentencia del juzgado argumenta para llegar al fallo, que el Ayuntamiento de Cádiz ha llevado a cabo obras de alumbrado, para la instalación de mobiliario urbano, ha autorizado distintas actividades vecinales y ha cobrado tasas e impuestos municipales a industriales y vecinos de la plaza, «que vienen a demostrar que aunque no exista por parte del Ayuntamiento un acto formal de aceptación de la cesión de la Plaza de Capuchinos y de recepción de la misma resultan incontestables y ponen de manifiesto junto al uso público de la plaza en cuestión, la aceptación tácita, y recepción, desde hace años por parte del Ayuntamiento de Cádiz de la referida cesión».
El vicepresidente segundo de Diputación y responsable del Área de Asistencia Municipal y Relaciones Institucionales, Federico Pérez Peralta, señaló que el Ayuntamiento con su actuación en este pleito «ha buscado la confrontación institucional como forma de hacer política». La administración municipal del Partido Popular «levantó la bandera de que la Diputación no colabora con la ciudad de Cádiz».
Por su parte, la alcaldesa Teófila Martínez aseguró que la sentencia ya ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al estimar que es la Diputación Provincial la que debe acometer las obras. Además, explicó que el Ayuntamiento no ha podido intervenir en la zona porque existe una actuación judicial abierta por la denuncia interpuesta por los vecinos contra la institución provincial por las filtraciones que existen en los garajes. Según la alcaldesa, «si actuamos nosotros en la plaza pueden decir que los problemas los hemos provocado nosotros». Por otra parte, aseguró que «no tenemos la intención de confrontarnos con nadie porque esperado doce años para llevarlo a los juzgados», aclaró Martínez.
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