Los jueces amonestados por criticar al PP reciben el apoyo de colegas europeos

Los miembros de la organización Medel, que agrupa a 17 asociaciones de jueces y fiscales pertenecientes a once estados miembros de la Unión Europea, han remitido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, en la que le solicitan el archivo de las actuaciones emprendidas contra casi 150 magistrados por haber suscrito un manifiesto. Entre los profesionales contra los que el CGPJ ha abierto diligencias informativas se encuentra el titular del Juzgado de Menores de Jerez, José Miguel Martínez, como ya adelantó LA VOZ el pasado martes.

En la citada misiva, el presidente de Medel muestra la «preocupación y repulsa» de todo el colectivo por los hechos acontecidos, recordando a Hernando el derecho a la libertad de expresión con el que cuentan los jueces y fiscales, y que desde la organización tienen el deber de proteger. Así, en el escrito se reproduce uno de los principios básicos adoptados en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en el que se explica la concordancia entre este Derecho Fundamental y la dignidad, la imparcialidad y la independencia de la judicatura.

Por ello, solicitan que no se adopte ninguna medida de tipo sancionadora, lo que considerarían como un límite o restricción de la libertad de expresión. Además de la carta, los miembros del colectivo han suscrito un documento en el que se solidarizan con todos los afectados, argumentando que «no se puede prohibir a los jueces manifestar públicamente sus opiniones».

El escrito que desató la polémica fue firmado por unas 300 personas entre jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y profesores universitarios, principalmente. Bajo el título Manifiesto por un debate racional en materia de política criminal, los profesionales criticaban algunas de las propuestas electorales del Partido Popular en este sentido, además de la forma de lanzar ciertos mensajes, «sin ofrecer un debate serio ni una base científica». Martínez, uno de los perjudicados, explicó a este periódico que, a su modo de ver, detrás de la decisión del Consejo General se escondían intereses políticos. En lo que a él se refiere, el magistrado se mostró «tranquilo», recordando haberse visto en otras situaciones parecidas, y confiando en que el proceso se resuelva de la forma más satisfactoria posible para los perjudicados.