Piden la dimisión de la jefa de migraciones de Subdelegación por la repatriación del boliviano que tiene un hijo algecireño

El caso del inmigrante boliviano que fue expulsado de Cádiz pese a tener un hijo de nacionalidad supuestamente española -según inciden sus padres- ha llevado a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía a solicitar la dimisión de la responsable de política migratoria de la Subdelegación de Gobierno en Cádiz. Del mismo modo, el coordinador de esta asociación, Rafael Lara, acusó a este organismo de «mentir como bellacos» por «cuestionar la nacionalidad del niño», nacido en Algeciras, pero cuyos padres -Wilfredo y Brenda Abaguazu- se encontraban en España de manera irregular. Según la Subdelegación, que recalca que no hay acuerdos con Bolivia para concederle la nacionalidad española al niño, el expediente de expulsión del trabajador se aprobó en febrero de 2006 y no se ejecutó hasta el 23 de marzo de 2007. En este periodo no se presentaron recursos y «no cabe revocación de una orden de expulsión cuando ésta ya se encuentra ejecutada».

DNI de segunda

«Sebastián Saucedo -el subdelegado de Gobierno- debería tomar medidas, ya que se está violentando la ley con este caso», insistió el representante de la Apdh-a. «No pueden decir que no es español con un DNI español, están diciendo que existen DNI de primera y de segunda. Igual nos tienen que explicar a los ciudadanos de qué clase es nuestro documento», ironizó Lara.

«Sólo se aporta la parte de la ley que es negativa para el inmigrante. Vamos a seguir actuando en este caso», añadió.

Por su parte, la Subdelegación abunda en el hecho de que tanto el boliviano devuelto a su país como la madre del menor eran trabajadores ilegales. «La madre del menor y compañera de W. H. se encuentra también de forma irregular en España, trabajando para empleadores que incumplen sus obligaciones legales y que comenten un delito contra los ciudadanos extranjeros». De la misma manera, ponen el acento en que este tipo de medidas «sirven para combatir las mafias que se aprovechan de su estado de necesidad tanto en el país de origen como en España».

Incluso, a pesar de rechazar que el niño tenga nacionalidad española, se niega que el ser padre de un español sea razón para no ser expulsado a su país de origen.