El Tomillar se niega a pagar por la ocupación de la Cañada del Verdugo

Treinta vecinos de El Tomillar han recibido una carta de la Delegación provincial de Medio Ambiente en la que les informan de que sus viviendas están ocupando parte de la Cañada del Verdugo. Los propietarios de estas unifamiliares de Protección Oficial construidas por la cooperativa Rochdale en 1992 tendrán que entrar, según la administración autonómica, en un proceso de desafectación por el que los terrenos pasarán de tener la consideración de bien público a bien patrimonial.

De este modo, los propietarios tendrán que abonar una cantidad económica a la administración autonómica, aún por determinar, para regularizar la situación.

Pero los vecinos se han mostrado totalmente en desacuerdo con la información que recibieron a finales de la semana pasada. Y es que ellos inciden en que compraron sus viviendas de manera totalmente legal en unos terrenos considerados urbanos por el Plan General de Ordenación Urbano de 1992 por lo no entienden cómo ahora, al cabo de los años, les informan de que están ocupando una cañada.

El presidente de los vecinos, Enrique Valle, ha calificado la situación como una « injusticia total». El representante de los afectados entiende que los vecinos deben estar totalmente respaldados por la legalidad al haber adquirido los inmuebles en terrenos calificados como urbanos.

Por su parte, los propietarios de las unifamiliares que ocupan parte de la Cañada del Verdugo han dejado claro que no abonarán «ni un sólo céntimo» y que pondrán el asunto en manos de un abogado.

Hay que recordar que el proceso de desafectación afecta a un total de 1.060 metros en los que se encuentran viviendas de la zona de La Caridad, Los Rompeserones, La Valenciana y El Tomillar. Pero la excepcionalidad de las de esta última zona es que las unifamiliares fueron construidas en terrenos urbanos por una cooperativa con todos los permisos municipales, por lo que los vecinos no terminan de entender «cómo permitieron construir Viviendas de Protección Oficial en terrenos de dominio público». La promotora de las viviendas, Rochdale, ha asegurado que van a «investigar el asunto» del que, hasta ayer, no sabían absolutamente nada.

Desde la Delegación provincial de Medio Ambiente se ha dejado claro que los vecinos serán atendidos personalizadamente para aclarar cualquier tipo de duda. Además, recuerdan que tienen derecho a presentar las alegaciones que consideren oportunas. Pero en todo caso, hacen hincapié en que la Delegación de Medio Ambiente únicamente tiene la obligación de llevar a cabo el deslinde y la desafectación, por lo que los vecinos tendrán que negociar con la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) la cantidad económica que hay que abonar y a quién debe correr con los gastos.