ESPAÑA

Igualdad y prioridades políticas

Los programas de los principales partidos que se presentan a las elecciones reservan un espacio reducido a explicar sus iniciativas en materia de equiparación entre hombres y mujeres. Así lo constata la autora, que lamenta que estas políticas no resulten aún prioritarias y echa en falta un diagnóstico del modelo social, económico y político en términos de género.

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LA igualdad entre hombres y mujeres forma parte de la agenda política de nuestro país desde hace ya algunos años; no hay más que ver los programas de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones generales. Todos ellos dedican un apartado a este asunto, aunque utilizan denominaciones distintas: La igualdad efectiva como motor de la sociedad española (PSOE), Políticas de igualdad para la mujer (PP) y Propuestas para transformar nuestra sociedad: un enfoque de género (IU).

La primera cuestión que merece un análisis es el espacio y el lugar que ocupa la igualdad en los distintos programas. Tanto el PSOE como el PP e IU le dedican un espacio bastante escaso: 11, 5 y 4 páginas respectivamente, de las 317, 326 y 164 páginas que contienen dichos programas. Pero, además, los apartados relativos a la igualdad se sitúan en la segunda mitad de los documentos, por detrás de las cuestiones claves para cada uno de los partidos y sólo por delante de temas como el medioambiente, la inmigración y el bienestar social (PP), o la política internacional (PSOE e IU).

Si repasamos los programas y seguimos los discursos de los candidatos en los medios de comunicación en las últimas semanas, nos encontramos con diversas promesas electorales dirigidas específicamente a las mujeres, algunas de ellas bastante discutidas y discutibles. Esto plantea ciertos interrogantes. Por ejemplo: ¿Por qué los partidos incluyen medidas para la igualdad en sus programas y discursos políticos? ¿Es el resultado de una toma de conciencia clara a favor de los derechos de las mujeres? ¿O más bien es la necesidad de adecuarse a una demanda social creciente que además vende en términos electorales? ¿Qué tipo de igualdad está en la base de las propuestas de los principales partidos políticos? Los candidatos que con mayor notoriedad se presentan a las elecciones reconocen que existen desigualdades entre hombres y mujeres, pero se echa en falta un debate político serio en el que expongan su visión acerca de la igualdad y del modelo de relaciones de género que proponen, así como de las estrategias para llevarlo a la práctica. Se echa en falta también cierta coherencia entre las ideas que se sugieren. De hecho, da la sensación de que algunas de ellas son respuestas apresuradas y/o meras promesas electoralistas.

Como bien sabemos quienes nos dedicamos a analizar las relaciones de género no todas las medidas dirigidas a las mujeres permiten transformar las desigualdades; es más, algunas de ellas incluso pueden reforzarlas. Eso ocurre cuando no se analiza conjuntamente la desigualdad de las mujeres en el ámbito público y en el privado. Los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno se han comprometido a crear puestos de trabajo para las mujeres en caso de resultar elegidos. Pero ni en el discurso de Zapatero ni en el de Rajoy, y tampoco en sus programas, se denuncia que el mercado laboral está organizado conforme a principios masculinos, y por tanto, no se consideran las consecuencias que esto supone para las mujeres en el ámbito laboral, social o fiscal. Por ejemplo, un derecho social tan importante como las pensiones de jubilación depende del vínculo laboral de la persona trabajadora y eso resulta discriminatorio para las mujeres. Sin embargo, ningún partido propone alternativas para solucionar esta cuestión. Lo mismo ocurre con las medidas de conciliación, que en este caso sí se incluyen en los programas electorales. El problema es que la mayor parte de las mismas se diseñan pensando que el cuidado de las personas es un problema privado, que se debe solucionar en el ámbito familiar y, por tanto, responsabilidad de las mujeres. Todavía no se considera que el cuidado de las personas es una responsabilidad social que debe ser compartida en condiciones de igualdad, de ahí que no se planteen medidas transformadoras que permitan repartir de forma igualitaria y efectiva el trabajo, sea o no remunerado.

En la legislatura que termina la igualdad ha constituido uno de los frentes de actuación del Gobierno. Se han aprobado dos leyes claves en este sentido, la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad, aunque, eso sí, la ratificación de esta última ha llegado con bastante retraso en comparación con el resto de países de la Unión Europea. Gran parte del contenido del programa del PSOE en esta materia se dedica a plantear la necesidad de hacer efectivas las disposiciones de tales leyes. Sin embargo, hacer efectiva la igualdad exige una modificación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales vigentes y, si analizamos los discursos y los programas electorales, no parece que los partidos sean conscientes de ese desafío.

Por otro lado, se observa cierto silencio o ambigüedad acerca de demandas no satisfechas, como el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En las pasadas semanas se han registrado numerosos actos de presión social, en los que incluso han participado algunos sectores del PSOE. Esto genera una cierta sensación de que las demandas de las mujeres se utilizan electoralmente por parte de los partidos, en tanto que se asumen aquellas que no dañan su imagen y pueden verse respaldadas por algunos votos, mientras que aquellas otras que son transformadoras o que pueden suponer pérdida de votos se relegan en el tiempo hasta encontrar el momento político más favorable.

Las propuestas de igualdad que aparecen en los programas no parten de un diagnóstico serio acerca de cuál es la problemática del modelo económico, social y político que tenemos en términos de género. Al igual que ocurre con las políticas de igualdad que ya se han puesto en marcha en nuestro país, que en la mayor parte de los casos continúan siendo medidas específicas y a las cuales se dedican unos recursos marginales dentro del conjunto de los presupuestos públicos. Un sistema democrático exige tomar en consideración los derechos de las mujeres y garantizar su ciudadanía plena. Pero para eso hace falta que la igualdad se convierta en un objetivo político prioritario, algo que hoy por hoy, si prestamos atención a los programas y discursos políticos, no se ha logrado todavía.