El caso 'Malaya' destapa que Juan Antonio Roca fue dueño de la mitad del Xerez de 2002 a 2004

Las investigaciones de la Policía en el marco de la operación Malaya han permitido concluir que uno de los principales imputados, Juan Antonio Roca, fue dueño encubierto del equipo de fútbol Xerez Deportivo en las dos temporadas que abarcan de 2002 a 2004, según han informado fuentes policiales. Cabe recordar que en dichas temporadas, el club azulino militaba en Segunda División y tenía serias aspiraciones de ascender a Primera.

Según las pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, dirigidas por el juez de Marbella Óscar Pérez, la operación de desembarco de Roca en el club fue diseñada desde dos despachos de abogados, uno de ellos ubicado en Madrid, el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta, y el otro con sede en Sevilla. Este segundo bufete defendía además los intereses del presidente del Xerez en aquella época, José María Gil Silgado. Así, el magistrado Óscar Pérez ha acordado medidas procesales contra Gil Silgado, el abogado que representó sus intereses en la operación y dos empresarios que ya estaban imputados en la operación Malaya.

Otras personas afectadas por las medidas judiciales también habrían actuado como testaferros en la operación. La Policía, según las fuentes consultadas, ha podido detallar el procedimiento utilizado por Roca para hacerse con la mitad del Xerez y ha determinado el nombre de las sociedades instrumentales que se involucraron en el mismo, concretamente Oven Five SL y Jovibel 2000 SL, mediante las cuales se habría canalizado la propiedad del accionariado del Xerez y de los cuantiosos derechos de explotación asociados al equipo.

Como consta en el registro mercantil, al que LA VOZ ha tenido acceso, la empresa Oven Five SL, dedicada a la explotación de establecimientos del sector de la hostelería, se encuentra en la actualidad inactiva. Con domicilio social en Madrid, la firma fue constituida el 2 de noviembre de 1995 y el último balance disponible data de 2005. Un caso distinto es el de la otra compañía, Jovibel 2000 SL, fundada el 15 de marzo de 1999, que sigue desarrollando su actividad inmobiliaria con domicilio social en Sevilla, y cuyo último balance depositado en el registro mercantil se remonta al año 2003.

Los dos empresarios cuya actuación ha sido investigada, habrían colaborado tanto en la adquisición original de la participación por Roca y Gil Silgado, como en la posterior financiación de la ampliación de capital que con motivo de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas tuvo que acometer el Xerez. Precisamente ayer el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, solicitó que se prorrogue por dos años la prisión preventiva para el presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, por considerar que es la medida más efectiva para evitar su fuga al extranjero. El juez instructor Óscar Pérez deberá decidir sobre la solicitud en los próximos días.

Posible huida

El Ministerio Público considera que Roca dispone de fondos suficientes fuera del territorio español para sustraerse a la acción de la justicia, en el caso de que sea puesto en libertad. El fiscal hizo la solicitud durante la vista judicial que se celebró ayer en Marbella, por estar a punto de cumplirse los dos años de estancia en prisión del imputado, plazo inicial acordado por el juez instructor del caso. López Caballero justificó su petición en que el juicio por la trama de corrupción urbanística de Marbella no se celebrará antes de dos años y que la prisión provisional es la única forma de asegurar que Roca se siente finalmente en el banquillo. Tanto la representación jurídica del Ayuntamiento de Marbella como la de la Junta de Andalucía se han adherido a esta petición solicitada por el fiscal.

La defensa del ex asesor de Urbanismo del Consistorio marbellí, sin embargo, ha reclamado la «inmediata» puesta en libertad del acusado, alegando que la demanda de la Fiscalía «sigue respondiendo a especulaciones», y que la prórroga de prisión provisional reclamada por ésta incumple la doctrina del Tribunal Constitucional.