595 gaditanos consultaron en dos años situaciones de acoso inmobiliario y ninguna prosperó

La ministra de Vivienda, Carmen Chacón, firmó ayer convenios con diez ayuntamientos para poner en marcha una experiencia piloto contra acoso inmobiliario. Estos convenios se enmarcan en el compromiso adquirido el pasado mes de diciembre entre la ministra de Vivienda y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, para llevar a cabo actuaciones y programas conjuntos contra el acoso inmobiliario. Cádiz no se encuentra en la lista de esos diez municipios, como son Hospitalet, Fuenlabrada, Gijón, Denia, La Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas.

Desde hace dos años tiene en marcha un proyecto similar para luchar contra el mobbing inmobiliario, aprobado en sesión plenaria hace dos años para implantar una serie de actuaciones : La creación de un servicio integral de atención municipal al inquilino (SIAMI), la confección de un código ético, elaboración de una guía gratuita de asesoramiento para compradores, vendedores , arrendadores y arrendatarios y la firma de convenio de asesoramiento con el Colegio de Abogados de Cádiz.

El SIAMI entro en funcionamiento en julio del año 2006. Esta oficina es atendida por funcionarios municipales y letrados. En el año 2006 atendieron 277 visitas, en el 2007 las consultas fueron 289 y en el presente año se han contabilizado 29 visitas.

En total 595 en dos años de funcionamiento y «no ha sido detectado por los técnicos de la oficina ningún mobbing inmobiliario», según fuentes municipales, o lo que es más conocido, «ningún caso de asustaviejas».

Hasta el momento, el código ético ha sido ya elaborado por el departamento jurídico del Ayuntamiento de Cádiz y se trata de un documento que regula las buenas practicas entre las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. En su confección han participado asociaciones de consumidores, asociaciones de vecinos, agencias de fomento del alquiler y administradores de fincas.

Otra de las medidas adoptadas hace dos años para evitar la especulación de promotores privados y en aras a evitar nuevas situaciones de desamparo a los vecinos afectados es la no suspensión del procedimiento expropiatorio una vez iniciado, aunque se solicite la licencia de obra con posterioridad, teniendo en cuenta además que el expediente expropiatorio se empieza con el primer requerimiento, comunicándolo fehacientemente a inquilinos y propietarios. Al mismo tiempo se procede, por parte del equipo de Gobierno, a no autorizar el retorno de los inquilinos a cualquier finca que haya sido desalojada por cualquier motivo, si no se dan los requisitos de seguridad, salubridad e higiene y no se han eliminado las condiciones de infravivienda.

Las medidas incluyen también precintar cualquier vivienda (infravivienda) que habiendo tenido que ser desalojada, de tal forma que se impedirá el alquiler por parte del propietario, y ello amparado por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Requerimientos

Durante los años de gestión del equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Teófila Martínez, (desde 1995) el Ayuntamiento ha aprobado más de 2.000 expedientes de requerimientos de seguridad de fincas, más de 150 expedientes de obras de ejecución subsidiarias, se han abierto más de 150 expedientes de expropiación de fincas a aquellos propietarios que hacían dejadez de su obligación de conservación de la finca.

El Ayuntamiento también redactó el Plan Básico de Rehabilitación del Casco Antiguo (pionero en la rehabilitación de la ciudad), elaboró una ordenanza de conservación y rehabilitación de edificios creando una Inspección Técnica de Edificios, hizo un estudio de infravivienda de la ciudad que sirvió para localizar 316 fincas de infravivienda.

Del 97 al 99 el Consistorio llevó a cabo un plan de eliminación de la infravivienda logrando erradicar 13 fincas que agrupaban 97 infraviviendas.

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