Inmigración y pluralismo

La inmigración ha estado de hecho presente en la mayoría de nuestros principales debates ideológicos recientes: la oposición conservadora lanzó duras críticas contra el proceso de regularización de emigrantes sin papeles insertos clandestinamente en el mercado laboral que llevó a cabo el Gobierno Zapatero a poco de su constitución. Después, y tras haber fracasado todos los intentos de consenso en las sucesivas reformas de la ley de Extranjería, el asunto reapareció en las elecciones autonómicas catalanas anticipadas del 2006 -Artur Mas, líder de CiU, lanzó entonces la propuesta de que los inmigrantes sellaran un contrato con Catalunya y que se valorara el grado de integración mediante una especie de carné por puntos-, y en las pasadas municipales y autonómicas del 2007.

Ahora, Rajoy acaba de lanzar una propuesta basada en un contrato de integración semejante al de la mencionada iniciativa de Artur Mas. Mediante dicho contrato, el inmigrante se obligaría a cumplir las leyes y respetar las costumbres españolas, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y a trabajar activamente para integrarse. Asimismo, se comprometería a «regresar a su país si durante un tiempo» no lograse encontrar empleo. A cambio, la sociedad española le concedería «los mismos derechos y prestaciones que a un español», le ayudaría en su integración y, entre otras cosas, «respetaría sus creencias y costumbres siempre que no fuesen contrarias a las leyes españolas».

Rajoy se ha comprometido además a expulsar a los inmigrantes que cometan delitos, a controlar más estrictamente el reagrupamiento familiar y a no realizar regularizaciones indiscriminadas, y ha manifestado su intención de crear una agencia de inmigración para centralizar las demandas empresariales de mano de obra extranjera. La propuesta del líder del PP está calcada de la que diseñó Sarkozy en 2004 cuando era ministro del Interior de Chirac. La iniciativa popular suscita algunas objeciones obvias: quizá no sea constitucional la expulsión de delincuentes; tampoco parece que el vaporoso y cambiante concepto de costumbres españolas pueda ser elevado a un absoluto jurídico (los humoristas ya han hecho chistes: ¿sería obligatoria la siesta?), etc. Sin embargo, con ciertos matices, la propuesta de Rajoy, aunque restrictiva, no es desmesurada ni produce rechazo intelectual en los sectores antagonistas del PP. Por ello, aunque ya ha sido calificada de «superflua» por Zapatero, podría servir quizá de base a un consenso político y social, adaptado a la evolución de la opinión pública, que considera moderadamente que la inmigración es un asunto problemático que requiere una gestión prudente y tranquila. Es de sentido común que en cuestiones como ésta en la que están en juego actuaciones que modifican la estructura social y el sistema de relaciones interpersonales, la alternancia política puede resultar muy perturbadora si no se consigue una base consensuada de criterios comunes. No tiene sentido proponer, por irreal, un consenso absoluto sobre inmigración (entre otras razones, porque es saludable que coexistan varios puntos de vista) pero sí cabe establecer un marco acordado de actuación, unos límites razonables que otorguen a los inmigrantes una cierta seguridad jurídica, que tomen en cuenta los aspectos humanitarios del problema y que permitan prevenir coyunturas adversas como la que se avecina: la crisis del sector construcción dejará en paro a muchos trabajadores sin cualificar, inmigrantes en su mayoría.

En el fenómeno de la inmigración confluyen numerosos aspectos políticos e ideológicos y una correcta gestión del fenómeno requiere criterios y actuaciones en materias tan dispares como la política exterior, la cooperación al desarrollo, la educación, las políticas laboral y de seguridad pública, etc. Y es asimismo evidente que en este asunto se pone a prueba la democracia, ya que el concepto mismo de integración no es más que el desarrollo del pluralismo.