Los afectados por las expropiaciones del tranvía solicitan al TSJA la paralización de las obras

Los isleños afectados por las expropiaciones contempladas en el proyecto del tranvía han decido luchar para evitar que el derribo de sus viviendas y negocios llegue a hacerse realidad. El primer paso de esta lucha ha supuesto la interposición de una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para condenar el trazado del tranvía y la expropiación decretada. Dicha demanda, remitida el pasado martes, también solicita la paralización de las obras previstas en el tramo comprendido entre las calles San Marcos y Montañeses de La Isla.

El abogado contratado por los vecinos, José Antonio Gamero Albarrán, aseguró ayer que el procedimiento utilizado por la Junta para llevar a cabo el derribo de esta manzana contiene ciertos errores que podrían motivar la anulación del proyecto de expropiación. «La Administración autonómica omitió a los vecinos los plazos de audiencia, de notificaciones individuales y de publicaciones y esta decisión podría hacer que la pieza de expropiación fuera considerada nula. La Junta siempre ha mantenido al margen de toda la tramitación a los afectados y ahora, de buenas a primeras, les manda una carta declarando urgente la la ocupación», explicó el letrado.

Gamero Albarrán adelantó que en el caso de que la Sala de lo Contencioso accediera a la suspensión cautelar de la actuación, la Consejería Obras Públicas deberá pagar una fianza a los afectados. «Esto no nos preocupa, pues la Junta puede usar como garantía el depósito que debe poner a disposición de los vecinos en mayo», indicó el abogado.

De momento la demanda ha sido secundada por los propietarios de cinco fincas condenadas al derribo y los responsables de cinco establecimientos comerciales: una bar, una freiduría, un laboratorio de prótesis dentales, una peluquería y una tienda de regalos.

Ayudas

El letrado indicó que el compromiso de Obras Públicas de otorgar a los afectados las máximas ayudas contempladas por la Ley no basta para garantizar la tranquilidad de los vecinos. «A pesar de que la Junta aún ha de valorar las fincas para fijar la cuantía de las ayudas, estamos seguros de que, tal y como está el mercado inmobiliario, el importe de las mismas no será suficiente para costear la compra de nuevas viviendas o el traslado de los negocios actuales», indicó Gamero Albarrán.

De esta forma, el abogado también anunció que el objetivo de los vecinos pasa por alcanzar un acuerdo de expropiación con la Administración autonómica. «Este mutuo acuerdo permitiría a Obras Públicas superar el importe máximo que la Ley fija para las ayudas prometidas, por lo que la Junta podría abonar a los afectados una suma más acorde con sus necesidades», subrayó Gamero Albarrán.

sanfernando@lavozdigital.es