PROTESTA. La marcha, si es autorizada, partirá del centro de Cuartillos. / J. GARRIDO
Jerez

Las barriadas rurales se manifestarán el día 23 en la carretera de Cuartillos

Unión Rural convoca este acto de protesta para exigir que «se dote de alcantarillado, agua potable y luz eléctrica a todas las barriadas»

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Las carencias que desde hace décadas tienen determinadas zonas del mundo rural siguen siendo el caballo de batalla de un alto número de colectivos de la comarca. De hecho, la Federación Unión Rural, que preside Ana Rosa Pérez, lleva mucho tiempo peleando para que los vecinos de estas barriadas «tengan en sus casas alcantarillado, agua potable y luz eléctrica».

«Hemos hecho todos los escritos que se nos ha pedido, acudido a todas partes y en 25 años nadie ha mejorado la situación de determinados núcleos», se lamentó la representante vecinal. «La excusa de las instituciones es que somos usurpadores y que nuestros asentamientos están sobre cañadas, algo que antes nos valía pero ya no. Necesitamos que se aceleren los trámites para regularizar todo el entorno, porque ya no podemos más», sentenció Ana Rosa Pérez.

Por ello, la Federación ha decidido solicitar a la Subdelegación del Gobierno los permisos necesarios para «manifestarnos el próximo 23 de febrero a las 11.30 horas en la carretera de Cuartillos». A través de este acto de protesta (que no será el único) pretenden que las administraciones públicas escuchen sus voces ya que «a la Federación se nos ha ignorado por completo en los últimos tiempos. Ni la alcaldesa, Pilar Sánchez, ni la delegada de Medio Rural, María del Carmen Martínez, ni la delegada provincial de Medio Ambiente, Gema Araujo, se han dignado a recibirme en sus despachos», aseveró la presidenta de este colectivo.

«Exijo a los políticos que nos escuchen y nos den una respuesta. Sólo queremos que nos ayuden», insistió una y otra vez. Zonas concretas de Las Pachecas, el comienzo y el final de Cuartillos, dos calles de Torremelgarejo o cinco familias de El Mojo son algunas de las áreas que necesitan alcantarillado, luz y sin agua potable.

«No realizan las obras que pedimos pero sí nos obligan a pagar contribución. Llevamos 10 años pagando impuestos. Eso sí, estos asentamientos son ilegales y no están reconocidos por las administraciones», explicó Pérez.

Asimismo, la presidenta de Unión Rural recalcó que «no queremos que se nos regale nada. Pagaremos lo que sea para dejar de ser ciudadanos de segunda. Pero queremos que todo se haga de forma rápida».