El escándalo popular

ara los dogmáticos del PP, el escándalo creado por la composición de la candidatura de Madrid a las elecciones del 9 de marzo ha venido a empañar el verdadero debate electoral: aquel que tiene que ver con los problemas originados por la gobernación de Zapatero a lo largo de la legislatura. Como si la batalla interna del PP fuera un hecho metafísico y baladí. Ante esta actitud que cabría calificar de censora o, en el mejor de los casos, de paternalista, hay que preguntarse por qué razón los políticos piensan que los ciudadanos/electores son tan manipulables. Es verdad que en estos precisos momentos el debate sobre la crisis económica que se acaba de abrir y cuya responsabilidad afecta al Gobierno está siendo compartida por la crisis interna del PP, pero eso no debe hacernos perder de vista que, en tiempos de Felipe González, el paro llegó a l24 % sin que ello determinara la caída de aquél. Tuvieron que ser otros los problemas que provocaron la derrota de los socialistas. Hay que reconocer que la capacidad de encaje de la ciudadanía en relación con la economía es tan fuerte que habría que recurrir al miedo para explicarla. Esto es, al temor de que la crisis política tenga efectos económicos aún más perversos. En todo caso tiene muy poco fundamento el tópico según el cual las gentes sienten los problemas económicos como los más próximos y los que más pueden influir en su decisión a la hora de votar. La crisis económica cierra una legislatura que pasará a la historia como la que supuso la superación del modelo de Estado al dotar a Cataluña de un Estatuto que la configura como nación, que rompe la unidad jurisdiccional, que quiebra la unidad de mercado y le arranca al Estado una serie de competencias que anuncian ya el salto a un Estado distinto. Ha quedado anunciada, asimismo, la fecha en la que el PNV pretenderá abrir una «consulta popular», es decir, la puesta en marcha de la autodeterminación. Y en paralelo a estos hechos, que algunos calificamos como rupturistas respecto a la unidad nacional, el Gobierno de Zapatero llevó a cabo unas larguísimas, prolijas, negociaciones con ETA antes de la declaración de la tregua, después de la ruptura real de ésta e, incluso, posterior a su final formal.