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La propuesta lanzada hace tres semanas por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para crear unidades específicas de interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos integradas por médicos «incentivados» que no aleguen «objeción de conciencia» ha provocado reacciones encontradas en las organizaciones profesionales sanitarias y las asociaciones de mujeres de la provincia.

El Colegio Médico de Cádiz no ve con buenos ojos la iniciativa del Ejecutivo andaluz porque, según su presidente, Ricardo Miranda, se trata de «un farol más sin importancia» y de «una medida demagógica y electoralista» que no está justificada. El representante de la institución colegial cree que «la sanidad andaluza necesita muchas cosas más importantes que no se resuelven» y citó como ejemplos las listas de espera para consultas y tratamientos, la saturación de las agendas de los médicos de atención primaria que impide dedicar tiempo suficiente a cada paciente y la falta de dotación de los hospitales públicos.

Rechazo

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos expresó su «rotundo rechazo» a la medida planteada por Chaves. «Los médicos hemos sido formados para la protección de la salud y de la vida y no para todo lo contrario, por lo tanto, pretender comprar la objeción de conciencia es una ofensa inaceptable para nuestra profesión», señaló el Consejo en un comunicado.

En contra de esta opinión, las asociaciones de mujeres progresistas de la provincia consideran necesario que se abran unidades específicas en los hospitales públicos porque «es una forma de aumentar la libertad de elección» de las pacientes, según indicó Tatiana Sánchez, coordinadora de la Asociación de Mujeres Progresistas de Cádiz. «La parte conservadora de la sociedad -señaló- piensa que abortar es asesinar, se agarran a eso, pero los derechos de las mujeres son derechos humanos y cuando una mujer decide abortar tiene muchas más razones».

Su asociación apoya y asesora a las mujeres que se encuentran en esta situación para que «tomen la decisión por sí solas», pero trabaja fundamentalmente con víctimas de violencia de género.

María Isabel García Revilla, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent del Campo de Gibraltar, también está de acuerdo con que el aborto se practique en los hospitales públicos para que exista «más control» de cada caso. «El problema -dice- es que nos sigamos encontrando con la objeción de conciencia». Pero apunta que las nuevas unidades deben estar dotadas con el personal suficiente para poder dar respuesta a la demanda de las usuarias en los plazos que marca la legislación.