Un empujón a lo irregular

De momento el anuncio de la apertura al público de la Oficina de Regularización en Huerta del Rosario no ha tenido el efecto llamada que el Gobierno municipal esperaba. Pocos son los propietarios que cuentan los días que quedan hasta que puedan acercarse hasta la sede de la empresa que la gestionará la delegación de Territorio y Ciudad, para informarse sobre los pormenores de un proceso que el Ayuntamiento de Chiclana, a través de su Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), quiere consolidar desde el principio.

Es por ello que, para difundir cuándo y cómo comenzar a tramitar los expedientes de legalización de sus viviendas a todos y cada uno de los propietarios, la GMU tiene previsto poner en marcha de inmediato varias campañas de difusión de todo lo concerniente a la regularización.

Con el objetivo de que «este proceso sea un ejemplo de transparencia y participación», según el delegado de Urbanismo, José Pedro Butrón, en las próximas semanas los propietarios de una de las más de 15.000 viviendas construidas fuera de planeamiento que existen en Chiclana, podrán conocer de manera exacta qué documentos deben reunir para iniciar los trámites, a qué ayudas y entidades podrán acogerse, e incluso cuánto deberán pagar por el proceso. De este último dato se informará de manera aproximada.

Y es que las informaciones que se facilitarán en la propia Oficina de Regularización, por parte de la quincena de técnicos contratados a tal fin, a cada propietario o comunidad que se acerque a sus instalaciones, no será fiable hasta al menos el próximo verano.

Eso es así porque el Plan Director de Infraestructuras, documento que contemplará todas las obras básicas necesarias para la dotación de servicios a los más de 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado que será regularizado cuando finalice el proceso, no será un documento oficial hasta dentro de unos meses.

Esta pequeña demora en el tiempo pretende ser aprovechada por Urbanismo para comenzar a mover poco a poco la maquinaria de un «proceso largo y muy complejo por la gran casuística existente en las viviendas ilegales en esta ciudad» según Butrón.

Regularizarlas supondrá un esfuerzo económico, en inversión en infraestructuras, superior a los 600 millones de euros y deberá tener un plazo aproximado para su culminación de una década.

Hasta el momento ya se ha definido que cada propietario pagará hasta seis tipos diferentes de gravámenes (licencias, permisos de expedientes y abonos atrasados entre ellos), y que será precisamente el interés que los propios propietarios pongan en regularizar sus casas, el que hará que obtengan papeles antes o después.

De hecho, Urbanismo pretende comenzar «por donde la mayoría esté de acuerdo en afrontar los gastos que se ocasionen». Esto deja a Pago del Humo, El Marquesado o Majadillas Bajas como zonas más proclives a ser de las primeras puesto que cumplen el perfil de zonas consolidadas.

Aparte quedan las obras en Rana Verde, cuyas infraestructuras básicas de agua ya disponen incluso de financiación.

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