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La Junta firma con Diputación la necesidad de construir 7.600 viviendas protegidas

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y los presidentes de las ocho diputaciones provinciales andaluzas suscribieron ayer en Sevilla los protocolos de colaboración por los que ambas instituciones se comprometen a satisfacer las necesidades de viviendas protegidas en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes y que ascienden a más de 20.000 en todo el suelo andaluz en el periodo 2008-2012.

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El cálculo de lo que necesita cada provincia ha sido realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, que ha estimado en 7.688 las viviendas sociales que requieren los pueblos gaditanos. Es la cifra más baja de toda la comunidad, si bien Cádiz es la provincia con menor número de poblaciones por debajo de esa barrera que marca la existencia de Ayuntamiento propio o su dependencia de Diputación.

En concreto, el cumplimiento del Pacto por la Vivienda en materia de VPO (que es lo que trata de cubrir la firma de ayer) establece que los municipios de menos de 20.000 habitantes de Almería requieren 9.391 viviendas sociales; los de Córdoba, 9.189; los de Granada, 17.205; los de Huelva, 11.944; los de Jaén, 11.554; los de Málaga 8.475; y finalmente, los de Sevilla, 21.126 viviendas .

Sin embargo, estas cifras son orientativas, ya que ahora tendrá que ser la Diputación gaditana la que comunique a la Consejería de Obras Públicas de la Junta antes de que acabe el semestre la programación específica de construcción de viviendas para el próximo cuatrienio. Para ello, la institución provincial asistirá a cada municipio a la hora de concretar sus necesidades, en coordinación con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

En general, dos terceras partes de los inmuebles que se edifiquen bajo este protocolo se destinarán a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Las viviendas tendrán una superficie media comprendida entre los 70 y los 80 metros cuadrados y su precio no podrá exceder los 80.000 euros.