Editorial

Rebajas económicas

Millones de hogares afrontarán a partir de hoy la temida cuesta de enero, que en el arranque de este nuevo año coincide con una ralentización de las previsiones económicas y con la incertidumbre desencadenada por factores como la prolongación de la inestabilidad financiera, la pérdida de fuelle de la construcción, el repunte del paro y, sobre todo, la subida desbocada de los precios. La desconfianza que ha empezado a calar en aquellos sectores sociales más endeudados o que se resienten en mayor medida por el encarecimiento de los productos básicos comienza a traducirse en un retraimiento en las decisiones de consumo e inversión personales, que repercute negativamente en el conjunto de la economía. No es extraño, por lo tanto, que acontecimientos como la apertura hoy del período de rebajas en la mayoría de las comunidades autónomas susciten unas expectativas más contenidas que en épocas de plena bonanza. Aunque los pequeños y medianos comercios calculan que facturarán en los próximos dos meses 7.600 millones de euros, lo que supone el 15% del negocio anual, la Confederación Española que los representa ya ha anticipado que la inflación frenará las ventas. Y los consumidores auguran que los temores derivados del enfriamiento económico propiciarán que los ciudadanos opten por comprar sólo lo que realmente necesitan.

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El hecho de las sombras hayan aflorado en el tramo final de la legislatura obliga al Gobierno a gestionar en los tres meses que restan para las elecciones un escenario inquietante no tanto por los efectos reales de la desaceleración sobre un ritmo de crecimiento aún superior al de otras economías. La insistencia del presidente Zapatero en relativizar los indicios del cambio de ciclo puede explicarse por las potencialidades objetivas que muestra la economía española, como el superávit público o la creación de empleo prevista para 2008, para poder responder con garantía a las dificultades. Pero su discurso sigue revelando, una pertinaz resistencia a contemplar un horizonte más realista y ajustado que el que el Ejecutivo preveía antes del verano. La proximidad de las elecciones, con la exacerbación de los mensajes propios que conlleva cualquier pugna partidaria en las urnas, no exime en ningún caso al Gobierno de arbitrar los instrumentos precisos para tratar de enderezar los indicadores económicos y avanzar en las reformas que perfeccionen y aseguren nuestro crecimiento. Porque el período preelectoral no justifica la inacción gubernamental a la espera de recibir el espaldarazo del electorado. Ni tampoco ampara a la oposición en la tentación de exagerar sus advertencias sobre la amenaza de crisis, intensificando interesadamente una desconfianza que perjudica al conjunto del sistema.