Jerez

La empresa pedirá que se reconozca el aumento del servicio desde 1995

Urbaser también se plantea solicitar el fin de la concesión

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«Una situación límite». Con estos términos empleados esta misma semana por el comité de empresa de Urbaser se puede definir a la perfección la relación entre la concesionaria Urbaser y el Gobierno municipal.

En esta ocasión, la base del problema no se ha centrado en los impagos del Consistorio a la compañía -con la que tiene una deuda que asciende a 40 millones de euros-, sino en la exigencia del Ayuntamiento a Urbaser para que se acoja de forma estricta al pliego de concesiones del servicio que se firmó hace ya 13 años, sin duda con el objetivo de reducir la facturación por los servicios que presta esta compañía.

Sin embargo, tras el órdago que lanzó el pasado jueves el Gobierno municipal, esta vez parece que ha sido la empresa concesionaria la que ha decidido mostrar sus cartas y la que se presentará a la reunión del próximo día 9 con dos propuestas claras y básicas para poder seguir prestando el servicio de limpieza viaria y recogida de basura.

Según explicó el comité, durante esta cita, a la que tienen previsto acudir representantes de la Dirección General de Urbaser en Madrid, la compañía se plantea pedir formalmente al Ayuntamiento jerezano que se reconozcan por escrito -y se añadan como anexo al pliego de condiciones de la concesión- todas las ampliaciones del servicio que han sido necesarias desde el año 1995 y que han estado motivadas, sobre todo, por el crecimiento del término municipal. Y es que ésta es la principal razón que esgrime la empresa para justificar, entre otras cuestiones, el aumento de la plantilla de los 119 empleados fijos de entonces a los 285 actuales, ya que ha asumido la ampliación de esas zonas que requerían de servicio de palabra, mientras que el Consistorio insiste en que hay que justificar los desajustes respecto al convenio original.

Pero Urbaser también podría recoger el guante lanzado por el Ayuntamiento, y tampoco descarta la posibilidad de solicitar el inicio del plazo legal -serían unos 60 días- para poner fin a la concesión del servicio, según pudo saber este medio.