Bombas nucleares al alcance de extremistas

«El arsenal atómico es responsabilidad única y exclusiva del Ejército, de nadie más». Zahid Malik dirige el diario Pakistan Observer y ha escrito la biografía de Abdul Qadeer Khan (AQ Khan, Bhopal, 1936), la persona que dotó a Pakistán de armamento nuclear y que desde entonces es considerado un héroe nacional. Es uno de los pocos elementos de unidad en un país cada vez más dividido -especialmente tras la muerte de Benazir Bhutto- entre las diferentes facciones políticas. Fue precisamente el padre de Benazir, Zulfikar Alí Bhutto, quien le dio absoluto control sobre el programa de enriquecimiento de uranio a finales de los setenta.

AQ vive desde 2004 bajo arresto domiciliario debido a las acusaciones que pesan sobre su persona por vender secretos nucleares a Corea del Norte, Irán o Libia, entre otros. Ocupa una lujosa casa de Islamabad, y ni Estados Unidos ni la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) tienen derecho a interrogarle. Es intocable y el pueblo, literalmente, le adora y hasta le ha dedicado un monumento en cuya inscripción de mármol se agradece al doctor haber hecho de Pakistán «un país invencible en misiles y energía nuclear».

La cuestión atómica es una de las claves que explica el apoyo abierto de Washington a Pervez Musharraf, pese a la convulsión social que vive Pakistán en las últimas semanas. El miedo a un posible cambio radical en el timón nacional, o a una desmembración definitiva de un país fuertemente dividido, son suficientes para justificar el respaldo a un general, ahora vestido de civil, con la sospecha de haber sido el promotor del asesinato de Bhutto.

Pakistán podría disponer de al menos 65 cabezas atómicas repartidas a lo largo de todo su territorio y el gran temor de Occidente es que alguna de ellas caiga en manos de unos movimientos extremistas que han jurado la yihad (guerra santa) al Gobierno central y que controlan con absoluta autoridad zonas como la franja fronteriza con Afganistán.

«No puede haber dudas respecto a la persona con poder de decisión sobre el arsenal nuclear. Y ahora que el general ha dejado su cargo, es su sucesor, Ashfaq Pervez Kiani, quien ha recogido el testigo atómico», apunta Malik. Este sistema de control militar se instauró en 1990 para impedir que los continuos cambios de Gobierno afectaran a una materia considerada de «seguridad nacional».

Pakistán no ha firmado el Tratado de No Proliferación y sus instalaciones no pueden ser revisadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Islamabad se niega a suscribirlo hasta que su eterno enemigo, India, haga lo propio.

Sin control

«La única central con fines bélicos es la KLR (siglas en inglés de Laboratorios de Investigación Khan), situada a cuarenta kilómetros de Islamabad», informa Malik. Este lugar, antes conocido como Kahuta Laboratory Research, cambió su nombre en 1996 en homenaje a AQ Khan. Según Malik, es la principal planta de enriquecimiento de uranio y cuenta con diez mil centrifugadoras y facilidades para la fabricación de componentes nucleares para misiles.

Fue la llegada en 1975 de Khan, científico e ingeniero metalúrgico nacido en India, la que revolucionó la carrera atómica y consiguió que Pakistán fabricara su primera bomba en 1989, en respuesta a la actividad nuclear del país vecino. Pero sus conocimientos no hubieran sido suficientes sin la ayuda de China, que en los ochenta, según la organización Global Security, proporcionó una cabeza nuclear ligera, centrifugadoras y suficiente UF6 -un gas precursor del uranio necesario en el proceso de purificación de ese material, que tiene tanto aplicaciones civiles como militares, y que logra avanzar el proceso al usarlo en las centrifugadoras- para que fabricara cabezas atómicas propias.

Fuentes cercanas al Pakistán Atomic Energy Corporation (PAEC) aseguran que el Ejército tiene en marcha «un programa de plutonio, cuya base central es la planta de agua pesada de Khushab, y otro de enriquecimiento de uranio en KLR». Ambas instalaciones están fuera del control del AIEA, pero Pakistán -a diferencia de Irán, que es firmante del Tratado de No Proliferación y acepta las inspecciones del organismo- no recibe ningún tipo de castigo ni sanción económica desde 2003, fecha en la que aceptó trabajar con Estados Unidos en la «lucha contra el terrorismo».

El argumento esgrimido por George W. Bush fue «la necesidad de facilitar el tránsito a la democracia en el país».