IU lleva a Díaz, Rodríguez y Gago a Fiscalía por «irregularidades» en Suvipuerto

La Fiscalía Provincial ha recibido nuevamente una denuncia contra la gestión del anterior equipo de Gobierno de IP. La portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepa Conde, y el parlamentario andaluz, Ignacio García, presentaron el martes dos denuncias referidas a determinadas actuaciones de la empresa municipal del suelo, Suvipuerto, realizadas con posterioridad al año 2000, basándose en el reciente informe elaborado por la intervención municipal.

En la primera denuncia, IU apunta que en El Juncal y Menesteo se produjeron adjudicaciones por encima del precio teórico de licitación que alcanzan un sobreprecio de casi 5.300.000 euros. Además, advierten en la denuncia que la venta de terrenos en Jardín de Cano y Ronda de Valencia se realizó a un precio medio de 176,23 euros por metro cuadrado, cuando el precio medio de mercado era de 400 euros.

Por otro lado, en la segunda denuncia se abordan legalizaciones y concesiones de licencias «irregulares». IU ha destacado los casos del club de alterne Oh Puerto y la regularización de viviendas en Rompeserones y la concesión de licencias en el Pago La Caridad.

Del mismo modo que la denuncia interpuesta ayer por Ecologistas en Acción, la de IU también se dirige contra los ex alcaldes Hernán Díaz y Fernando Gago, y contra el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Además, desde IU se hace hincapié en «la posible implicación de técnicos de la empresa TEC, cuya intervención es, al parecer, habitual en este tipo de procesos».

Por su parte, tanto el ex alcalde Hernán Díaz como el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez han declarado en su defensa que «todas las decisiones en el seno de la empresa municipal las toma el consejo de administración del que forman parte todos los partidos políticos». Además, Rodríguez ha dejado claro que únicamente estuvo tres meses al frente de Suvipuerto.

El objetivo de estas denuncias, según Conde, es el de «depurar todas las responsabilidades e irregularidades de la gestión de IP, también por la vía penal, para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse».

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