Naves piratas en la provincia
El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Miguel González Saucedo, señaló que la escasez -y hasta ausencia- de suelo disponible para la instalación de proyectos industriales de envergadura se ha convertido en los últimos años en una rémora para el progreso de la economía provincial. «Existen empresas de ámbito nacional e internacional que, tras realizar estudios de mercado, se han mostrado muy interesadas en instalarse en la Bahía y que no han podido hacerlo porque no encuentran espacio», explicó González Saucedo. El portavoz de la patronal gaditana pidió para el futuro inmediato «una mayor planificación del suelo». Y añadió que a causa de que no se encuentra ninguna superficie disponible en la que asentar las instalaciones «se comienzan a dar casos de naves industriales ilegales» que se construyen en el campo en zonas alejadas de poblado, desde donde operan en distintos ámbitos empresariales.
Actualizado: GuardarGonzález Saucedo puso como ejemplo de la saturación a la que ha llegado el suelo industrial el caso del polígono Miralrío (Pelagatos II) en Chiclana: «Este parque tiene una superficie de casi 400.000 metros cuadrados, pero los proyectos interesados en instalarse ocuparían una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados». El planteamiento de que los ayuntamientos articulen un mayor espacio para los terrenos de usos industriales en sus planes urbanísticos es el caballo de batalla de la patronal: «Existe el suelo, pero no la planificación; los dirigentes políticos deberían ir tres pasos por delante de las necesidades, pero van tres por detrás», indicó el presidente de la CEC. Otro de los aspectos sobre los que llamó la atención González Saucedo es el de los precios de las parcelas de los polígonos industriales. «Este tipo de suelo es demasiado caro, debería ser más barato, pero hay tan poco que se encarece demasiado», explicó. Desde la patronal se pidió que este aspecto se rija por la ley de la oferta y la demanda y que se ponga más superficie a disposición de los empresarios para que, de esta forma, el coste del metro cuadrado de suelo industrial se rebaje en adecuación a esta ley no escrita.
