Extremistas fuera

Ante el riesgo evidente de que en próximas fechas se produzcan nuevos enfrentamientos violentos, la delegación del Gobierno de Madrid está utilizando todos los instrumentos jurídicos a su alcance para prohibir las manifestaciones de radicales que soliciten autorización para celebrarse en estas fechas señaladas; sin embargo, en uno de estos sinsentidos con que a veces nos obsequia el sistema judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado una manifestación de Falange que arrancará en Madrid y concluirá en el Valle de los Caídos y que se intitula como «homenaje a José Antonio asesinado por los socialistas en el 36». Asombroso. La decisión del tribunal es firme y no es recurrible.

Es bien conocido que los tribunales de justicia, guiados en esto por el Constitucional, han actuado siempre muy restrictivamente en las decisiones tendentes a limitar la libertad de manifestación, que es una de las esenciales de nuestro ordenamiento (Art. 16.1). Sin embargo, a juicio de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, es alarmante el crecimiento de la militancia de las organizaciones de extrema derecha, que explotan con aprovechamiento el temor que engendra en determinados sectores sociales la llegada de la inmigración y que están adquiriendo una creciente presencia en la calle. La naturaleza antidemocrática de tales organizaciones es incuestionable: ayer mismo, la principal organización de ese signo, Democracia Nacional, mantenía en el frontispicio de su página web el conocido póster de las ovejas blancas rechazando a la oveja negra, que ya fue utilizado por la extrema derecha suiza ante el escándalo de los demócratas europeos.

Ciertamente, el papel de los jueces consiste en preservar las esencias del régimen constitucional, pero los grandes derechos civiles no son ilimitados: han de encajar unos con otros. Y si mediante una Ley de Partidos impecablemente constitucional hemos conseguido eliminar de la legalidad aquellas formaciones claramente vinculadas a organizaciones terroristas, parece lógico ponderar la posibilidad de prohibir tanto los partidos que nieguen y combatan los derechos humanos protegidos constitucionalmente como las manifestaciones de las organizaciones de cualquier clase que asimismo atenten contra los grandes principios humanistas sobre los que se asienta la cultura democrática imperante en nuestro ámbito occidental.

Del modelo político establecido por la Constitución española se puede discrepar, obviamente, y aun trabajar políticamente para reformarla; lo que no es tolerable es que con la cobertura de la ley fundamental se alienten y extiendan teorías xenófobas, se promueva la exclusión del diferente, se incite a la agresión al discrepante, se proponga una utopía racial o se efectúe una apología de cualquier forma de delincuencia.

Nuestro modelo democrático, que es a su vez la culminación del milenario humanismo europeo, se basa en dos premisas esenciales: la aceptación plena de la dignidad superior e inviolable de todos los seres humanos, iguales entre sí por definición, y la prohibición de la violencia física como método de resolución de conflictos. No han de tener cabida entre nosotros, por lo tanto, quienes aleguen alguna forma de superioridad racial o los que, mesiánicamente, descarten la vía persuasiva de hacer política y abracen la vía revolucionaria, encaminada al derrocamiento violento del régimen pluralista para erigir sobre sus cenizas otro nuevo.

En definitiva, se hace necesario plantear y madurar los grandes consensos que desemboquen en una legislación que, sobre la base de la actual ley de Partidos, marginalice y excluya a las organizaciones nazis y fascistas que, en lugar de aprender de la historia, pretenden introducir de nuevo las mismas cuñas que provocaron no sólo el Holocausto sino la horrísona tragedia de la Segunda Guerra Mundial. No ha temblar la mano de los demócratas a la hora de llevar a cabo tan pertinente y necesaria cirugía, que ha de concluir antes de que se nos envenenen la calle, la política y la cátedra.