La vuelta de ETA a las armas dispara la desconfianza sobre el final del terrorismo

La última «Encuesta Nacional sobre los Españoles ante el Terrorismo y sus Víctimas» desvela que el fin del alto el fuego ha supuesto un jarro de agua fría para la mayoría de la sociedad, que ha pasado del escepticismo ante las intenciones de ETA a pensar de manera abrumadora y sin distinción de ideologías (un 90 por ciento) que la izquierda abertzale no tiene ninguna voluntad de aceptar las reglas democráticas y no tiene intención de poner fin a los actos violentos (un 85%). El estudio, realizado en septiembre por Euskobarómetro bajo el padrinazgo de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, señala que el fin de la tregua ha provocado que un 59% de la ciudadanía considere que la situación frente al terrorismo ha empeorado, si bien más de la mitad de los encuestados piensan que ETA está «menos fuerte» que hace dos años. La opinión pública se muestra de manera mayoritaria crítica con la forma en que el Ejecutivo ha gestionado el llamado proceso de paz con ETA. Dos tercios de la población opinan que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido «poco o nada» transparente a la hora de explicar las «líneas maestras» de su negociación. Esta proporción de desconfianza ante el Ejecutivo crece hasta el 85% entre los votantes del PP, pero también es importante (un 47 %) entre simpatizantes del PSOE.

El estudio sociológico también hace hincapié en la voluntad de la ciudadanía de que los socialistas y los populares recompongan la unidad frente al terrorismo. Ocho de cada diez españoles, con independencia de las creencias políticas, estiman «imprescindible» un «acuerdo» entre las dos fuerzas mayoritarias, pero pocos, sólo un 30%, creen posible este entendimiento en la situación actual. A pesar de ese pesimismo, la mitad de los españoles defienden que no se puede «dar por muerto» el pacto antiterrorista. Muy divididos se muestran los encuestados ante la posibilidad de medidas de reinserción de los etarras ante un «eventual final de ETA». El 53% de los españoles abogan por medidas de gracia para los terroristas que se arrepientan o expresen su decisión de abandonar las armas, frente al 44% de los ciudadanos que defienden que no cabe ningún beneficio para los miembros de la banda aunque ésta desapareciera.

Una inmensa mayoría, cercana al 88%, opina que la condena de la violencia es indispensable para la legalización de las fuerzas políticas vascas ilegalizadas. La opinión pública continúa pensando de manera mayoritaria (un 66%) que la sociedad española se comporta «muy o bastante bien» con las víctimas del terrorismo. No así, la «sociedad vasca». El 55 por ciento de los encuestados sostienen que las instituciones y ciudadanos de Euskadi hacen «poco o nada» por las víctimas.