La Policía identificará a los propietarios de las casas ilegales de El Barranco

En un plazo «breve» la Policía Autonómica identificará a los propietarios de las viviendas ilegales de El Barranco. Serán llamados por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto y las primeras declaraciones se realizarán en la Policía Autonómica, que queda constituida como Policía Judicial por orden del Juzgado. Esta diligencia se une a las informaciones que el juez solicitó sobre la calificación del suelo y al informe emitido por el director del parque de La Laguna, que según ha podido saber este medio ha sido bastante duro con las construcciones ilegales.

El inicio de estas actuaciones se remonta a una denuncia administrativa realizada por el colectivo conservacionista Ecologistas en Acción en 2002, en la que exigía a las autoridades competentes el derribo de las más de 30 viviendas que se habían levantado en la reserva natural.

El terreno ocupado se trata de un complejo endorreico declarado Reserva Natural por Ley del Parlamento de Andalucía en 1987. Se considera una Reserva Integral Zoológica dentro del conjunto de lagunas protegidas de la provincia de Cádiz. La superficie total es de 291 hectáreas y forman parte de ella la laguna Juncosa, La Chica y la laguna Salada. Su valor ecológico reside en ser un punto vital para la conservación de avifauna lacustre autóctona destacando especies en peligro de extinción.

En el año 1992 ya se habían levantado sobre el espacio protegido unas nueve viviendas y una vez que se aprobó el actual Plan General de Ordenación Urbana de 1992 se estableció un Plan Especial, para proceder a la restauración del medio original, determinando «la eliminación de las edificaciones ilegales, viario y vallados existentes», que nunca se llevó a efecto. De hecho, las construcciones siguieron proliferando sobrepasando ya la treintena, a pesar de las advertencias del colectivo conservacionista, que envió varios escritos al Ayuntamiento.

Hay que recordar que en enero de este año el ex alcalde Hernán Díaz y los ex ediles de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos ya comparecieron como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto por estas construcciones ilegales.

En concreto y según la denuncia interpuesta por EA, Díaz, Rodríguez y Alamillos podrían incurrir en un delito medioambiental (artículo 325 y siguientes del Código Penal), por omisión dolosa o imprudente, recogida en el artículo 11 del Código Penal, ya que existía una específica obligación legal de actuar. Los propietarios, por su parte, podrían verse implicados en un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

En ambos casos, al tratarse de un espacio de especial protección, los delitos no prescriben.