La verdad del 11-M

Víctimas que ayer volvieron a afrontar con encomiable entereza una jornada especialmente emotiva. Es evidente que ni la agilidad con que se ha resuelto el primer macroproceso contra el terror yihadista habido en el mundo logrará disipar el dolor agudo e intransferible que acompañará para siempre a los damnificados. Pero la sentencia firmada por Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, posiblemente la más trascendental de la reciente historia judicial española, reconoce la hondura del dolor de las víctimas y constituye el mejor arropamiento que puede prestarles el conjunto de sus conciudadanos. La sociedad, por su parte, se ha visto compensada por el diligente compromiso desplegado por las distintas instancias del Estado de derecho, que ha permitido la resolución del sumario en apenas tres años y medio y lo ha convertido en una referencia ineludible para las investigaciones aún abiertas sobre los atentados de Estados Unidos y Londres.

Resulta del todo comprensible que las víctimas puedan sentirse en parte decepcionadas por el alcance de una sentencia que circunscribe la autoría de la matanza a tres de los encausados -Jamal Zougam y Otman El Gnaoui como responsables directos y Emilio Suárez Trashorras como cooperador necesario-; que absuelve a uno de los presuntos inductores-Rabei Osman El Egipcio, juzgado ya en Italia por pertenencia a grupo terrorista-, sobre el que pesaba la amenaza de 38.962 años de prisión-; y que rebaja sustancialmente para los otros dos el milenario castigo requerido por la Fiscalía. Pero la contención de las condenas revela que el Tribunal se ha conducido con el rigor debido no para emitir un veredicto con pretensiones de resultar ejemplarizante, sino con el objetivo de ofrecer una ajustada respuesta penal a la gravedad de los acontecimientos enjuiciados.

La profesionalidad demostrada por los tres magistrados en la conducción de un complejo proceso garantiza la adecuación del mismo a los requisitos del Estado de Derecho y preserva su resolución de interpretaciones espurias o malintencionadas. El propio sistema judicial dispone de los mecanismos para recurrir el contenido del fallo o corregir las indemnizaciones. Pero nadie debería intentar utilizar esos mecanismos para cuestionar ante la opinión pública la solidez y la relevancia del veredicto dictado. Como nadie debería argumentar o insinuar que el caso del 11-M no ha quedado judicialmente resuelto.

La sentencia resulta tan esclarecedora en cuanto al relato que identifica a los autores materiales de los atentados, describiendo sus preparativos y su forma de proceder, que las dudas que persisten en torno a la identidad de sus instigadores y su engarce en la trama global del terrorismo yihadista de ningún modo pueden servir para poner en duda que ayer se conoció la verdad judicial que refleja fehacientemente los hechos acaecidos. La sentencia ha echado por tierra la recreación durante casi cuatro años de una «teoría de la conspiración» que, alimentada desde instancias mediáticas y políticas, ha venido extendiendo sombras e imputaciones con la intención de presentar la matanza del 11-M poco menos que como un golpe interno que deslegitimaría el resultado de las últimas elecciones generales.

El método empleado ha sido el de mezclar dudas razonables con patrañas para sembrar sospechas sobre la investigación policial y desacreditar la instrucción judicial y la labor desarrollada por la Fiscalía. Los efectos han sido muy nocivos, en tanto que han contribuido a trivializar la amenaza yihadista, a alimentar el escepticismo social muy por encima de lo razonable, a erosionar la credibilidad de nuestro sistema de garantías y, en esa misma medida, a agravar el dolor de muchas víctimas que, sensibles ante las insidias de la conspiración, han llegado a creer que el Estado trataba de ocultarles la verdad. La falaz lógica de que mientras no se sepa todo nada se sabe resulta especialmente perversa cuando se trata de valorar la actuación de la Justicia. Según ese razonamiento, podrían desestimarse todas y cada una de las resoluciones que adopten los jueces y tribunales. Pero si hasta ahora la teoría de la conspiración resultaba maliciosa e interesada, mantenerla tras conocer la sentencia sería un ejercicio contrario al propio sistema democrático que sólo podría explicarse porque hay en España voces que quieren enseñorearse en la crispación permanente y la mentira.

Los responsables institucionales y el conjunto del arco parlamentario están obligados no sólo a respetar y acatar las conclusiones de la Audiencia Nacional. Están obligados a hacer prevalecer éstas frente a los intentos que puedan darse de seguir cuestionando la verdad judicial como verdad última en el Estado de derecho.