La Fiscalía tratará de agilizar las causas contra empresas que pongan en peligro a sus empleados

La reunión celebrada ayer entre la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, y la responsable de la Inspección de Trabajo en la provincia de Cádiz ha sido la primera toma de contacto para llevar a la práctica un protocolo cuajado de actuaciones, que tiene como objetivo final poner cerco e ir eliminando las conductas que ponen en peligro a los trabajadores en sus respectivos centros de trabajo. La alta siniestralidad laboral que presenta Cádiz y que bien se ejemplifica con los últimos siniestros, con resultado de muerte, ha hecho mover ficha al Ministerio Público, que haciendo uso de un acuerdo recién firmado a nivel nacional, quiere mejorar y agilizar las investigaciones penales por delitos contra el derecho de los trabajadores.

Esta reunión es la primera de una serie de encuentros que la jefa de la Fiscalía de Cádiz va a tener con otros agentes que deben estar implicados en la lucha contra las muertes en el tajo. Así, mañana tiene previsto reunirse con el delegado provincial de Salud y pendiente de fecha está el encuentro con su homólogo en la delegación de Trabajo. Pero ya ayer, tanto el Ministerio Público como la Inspección, coincidieron en la necesidad de aumentar las investigaciones que desemboquen en causas penales para castigar las irregularidades en seguridad y salud laboral que se cometen a diario en las empresas, y que en muchos casos sólo salen a la luz cuando un obrero pierde la vida o resulta herido.

Más procedimientos

Por eso, uno de los puntos donde más hincapié se hizo ayer fue en la necesidad de agilizar las causas penales en esta materia y sobre todo, abrir más procedimientos por la vía penal cuando se detectan graves deficiencias en un centro de trabajo. Es decir, que la Justicia actúe antes de que ocurra una tragedia, investigando y llevando ante los tribunales a los responsables que incumplen las medidas de seguridad en una obra, por ejemplo.

Ayuso reconoce que este tipo de procedimientos que nacen antes de que ocurra un siniestro «rara vez» llegan a los juzgados de lo Penal y se van diluyendo por culpa de la lentitud que presenta la maquinaría administrativa.

Eso sí, Ángeles Ayuso subrayó que este tipo de medidas de control no se van a limitar al sector de la construcción, pese a que es uno de los que soporta un mayor índice de siniestralidad, sino que se va a hacer extensivo a todas las actividades.

Mejor instrucción

Para potenciar la vertiente penal, desde el Ministerio Público se quiere implicar a la Policía Judicial -dentro del Cuerpo Nacional de Policía- para que se persone «en el mayor número posible de casos» y recibiendo instrucciones directas del fiscal de siniestralidad laboral. A grandes rasgos, lo que se pretende es un trabajo de manera conjunta donde el Ministerio Público tenga un mejor asesoramiento de los inspectores sobre cómo valorar las pruebas periciales recabadas o que la propia Policía sepa con más conocimientos cuáles son las características técnicas de cada accidente para valorarlo en su justa medida. De manera que las diligencias sean los más completas posibles para que no se pierdan en su recorrido procesal.

Uno de los primeros pasos que se van a dar, y que ya adelantaba este medio en su edición del pasado sábado, es un programa de formación para agentes de la Policía Judicial en materia de siniestralidad laboral. La idea sólo está pendiente de la autorización final que debe dar Interior. A ese programa se ha invitado a los funcionarios de la inspección para que la formación sea conjunta con los policías de cara a ese trabajo compartido que se quiere llevar a cabo.

La Fiscalía y la Inspección volverán a reunirse dentro de quince días para ver cómo se ejecuta cada una de las ideas que van dentro de ese protocolo de actuación. Unas líneas de actuación que se inspiran en el acuerdo firmado el pasado mes de septiembre por la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Trabajo e Interior, el Consejo General del Poder Judicial y al que también se adhirieron CC OO, UGT y el Consejo General de la Abogacía del Estado con el mismo fin: acabar con las muertes en el trabajo y perseguir a sus responsables.

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