La Justicia chilena anula por defectos de forma el proceso contra la familia Pinochet

Tres semanas después del impactante arresto de los integrantes del círculo más íntimo del ex dictador chileno Augusto Pinochet, incluida su viuda e hijos, un tribunal de ese país anuló ayer la mayoría de los procesamientos ordenados por el juez. La decisión se basa en defectos de forma en el proceso.

La Corte de Apelaciones considera que se violaron «garantías individuales» de los acusados, arrestados sin haber sido previamente convocados a declaración indagatoria. Según el tribunal, este paso es una «formalidad esencial» para dar validez al procesamiento.

Varios acusados habían declarado como testigos. El juez Carlos Cerda, que los procesó, usó esos testimonios en su contra para evitar «dilaciones indebidas» del proceso, pero para el tribunal eso vulnera garantías inalienables.

Los magistrados también advirtieron de que en el caso de la familia y otros civiles no se les puede imputar «malversación de fondos públicos», delito reservado a funcionarios. Sólo en dos casos, el tribunal confirmó los procesamientos y en otros dos actuó de oficio eliminando los procesamientos sin que lo hayan solicitado.

La polémica resolución, que beneficia a quince de los veintitrés encausados, fue celebrada por la defensa del clan familiar. «Se ha restablecido el imperio de la ley», dijo uno de los letrados, Luis Hermosilla. Su clienta, Lucía Pinochet, hija del ex jerarca, se felicitó porque «ha prevalecido la justicia».

La resolución será apelada por los querellantes ante la Corte Suprema de Justicia. El abogado Adolfo Insulza, representante del Estado en el juicio, se manifestó «sorprendido y extrañado» por el giro de la causa a pesar de las pruebas que acreditan que la familia intentó ocultar dinero sustraído.

El portavoz del Gobierno, Ricardo Lagos Weber, fue mas cauto y prefirió conocer los extremos de la resolución antes de pronunciarse. Y añadió que al Gobierno le interesa «que los tribunales puedan llevar a cabo su labor con tranquilidad».

La noticia conmocionó a Chile y rápidamente dio la vuelta el mundo. El día 4, el juez Cerda ordenó el arresto y procesamiento de veintitrés familiares y allegados al fallecido dictador entre los cuales estaba su viuda, Lucia Hiriart, sus cinco hijos y otras dieciocho personas cercanas al ex hombre fuerte.

Una fortuna en EE UU

En el marco de una investigación que comenzó con el hallazgo de una fortuna en el banco Riggs de EE. UU., Cerda los acusó de utilizar fondos reservados de la Presidencia, la Comandancia en Jefe del Ejército y la Casa Militar para engrosar la fortuna familiar mediante transacciones bancarias que servían para disimular el origen espurio del dinero.

El ex albacea del dictador, un diplomático, abogados y altos militares activos y en retiro, fueron sorprendidos por la resolución del juez, que dio a conocer el auto de procesamiento al mismo tiempo que se procedía a la detención de los imputados. Parecía que el ocaso de la familia más poderosa de Chile había comenzado sólo diez meses después del fallecimiento del jefe del clan.

Al conocer el fallo de Cerda, la viuda octogenaria alegó una indisposición y quedó internada en el Hospital Militar hasta que el juez le concedió la libertad provisional. Los hijos fueron enviados a distintas prisiones, donde pasaron dos noches hasta obtener el mismo beneficio. Igual ocurrió con los demás procesados.

Sus defensores presentaron un recurso de amparo para quince de los involucrados ante la corte, que convocó a las partes para que presentasen sus argumentos. Ayer se pronunció, aceptando los planteamientos de la defensa y anulando los procesamientos.

De la familia, el único que sigue procesado por este delito es el mayor, Augusto, cuyos abogados no habían presentado el recurso.