PLENO. Ibarretxe (izda.) saluda al portavoz de su grupo, José Antonio Rubalkaba. / DAVID AGUILAR. EFE
ESPAÑA

El Parlamento vasco pide la liberación de los dirigentes de Batasuna encarcelados

El texto aprobado critica la operación policial en la que fueron detenidos y cuestiona los acuerdos de la Audiencia Nacional Sólo socialistas y populares votan en contra de la resolución

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El Parlamento vasco aprobó ayer, con los votos en contra del PSE y del PP, una resolución en la que insta a poner en libertad a los dirigentes de la ilegalizada Batasuna detenidos y encarcelados por orden de la Audiencia Nacional en los últimos meses.

El debate sobre la liberación de los cabecillas de la coalición proscrita había sido propuesto por el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Su iniciativa fue rechazada, pero el tripartito (Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) y Aralar presentaron un texto alternativo en forma de enmienda. Este escrito fue apoyado en sus líneas generales por el PCTV, excepto en el punto en que se afirma que «el respeto a las reglas del juego propias de un sistema democrático es un elemento esencial para alcanzar la paz y la normalización política». Tanto los socialistas como los populares votaron en contra de la iniciativa original y de la enmienda.

Texto definitivo

El texto que finalmente salió adelante critica la operación policial del pasado 4 de octubre en la que fueron detenidos en la localidad guipuzcoana de Segura 23 dirigentes de Batasuna, a los que el juez Garzón acusa de violar la prohibición de actividades de la coalición proscrita. La resolución afirma que las «personas que en el ejercicio de derechos básicos como el de reunión han sido detenidas y encarceladas deben recobrar la condición de libertad». En la actualidad hay 25 líderes de la formación encarcelados, tres de los cuales (entre ellos Arnaldo Otegi) en cumplimiento de sentencia y otros 22 en prisión preventiva.

Además, la Cámara autonómica reitera los términos de su acuerdo del 1 de diciembre de 2006, en el que pedía el cierre de la Audiencia Nacional «por no hacer efectivas las garantías procesales». Asimismo, exige «el respeto al fuero parlamentario», en clara referencia a los registros de la Policía Nacional en la sede del PCTV a continuación de la redada de Segura.

Competencias

La resolución insiste en que el tribunal «no es competente a la hora de actuar sobre asuntos que afecten a personas electas que componen el Parlamento vasco y denuncia que las fuerzas de seguridad y el juez Baltasar Garzón «vulneraron la inviolabilidad parlamentaria al procederse al registro de despachos y oficinas de parlamentarios de esta cámara».

En contra de la propuesta, José Antonio Pastor (PSE-EE) expresó su respeto a la independencia judicial y sostuvo el carácter «garantista» del Estado, aunque eso no quiere decir que «se chupe el dedo».

Carlos Urqujio (PP) acusó al PCTV de ser «lo mismo que Batasuna y por lo tanto que ETA», y recordó que en la operación policial no se registró la sede de ningún grupo parlamentario, sino de un partido.