La UE recupera el pulso con el Tratado de Lisboa

Cuatro veces consecutivas en sólo tres años, los líderes europeos se han aplaudido efusivamente por haber resuelto el mismo problema. En 2004, durante dos cumbres específicamente dedicadas al tema, el Consejo Europeo se felicitó por haber aprobado la Constitución. Lo hizo primero en febrero, cuando le dio en Bruselas el visto bueno al documento y luego en octubre, en Roma, cuando fue firmado 'ad referéndum', es decir, a la espera de lo que determinaran las consultas populares que fueran arbitradas para ratificarlo. Con los resultados por todos conocidos.

Y este 2007 ha pasado otro tanto: en junio, los líderes de la UE dijeron que aceptaban una formulación muy concreta para el nuevo derecho básico de la Europa comunitaria que Angela Merkel les puso entonces sobre la mesa y en la madrugada de ayer, los mismos hombres políticos otorgaron su endoso al documento resultante. Pero esta vez, escarmentados de un pasado de ilusiones fallidas, aseguraban que la de ahora es la buena.

La decisión «de verdad». A pesar de que, por imperativo constitucional, los dos nuevos tratados de la UE, que reciben el nombre integrador de Tratado de Lisboa -también el Acta Única, en realidad, eran dos tratados-, deban ser sometidos a ratificación mediante referéndum en Irlanda y Dinamarca, y que las consultas parlamentarias anunciadas en el resto de los países miembros no prometan ser un trámite cómodo para las mayorías gobernantes.

Pero los hechos son firmes: Europa, a expensas del trámite ratificador que se desarrollará durante lo que resta de año y todo 2008, tiene dos nuevos tratados, denominados, de la Unión y de Reforma, en los que se recopila la esencia de su acervo jurídico. Contienen la mayor parte de los cambios institucionales, competenciales y procedimentales contemplados por la fallida Constitución europea y sus provisiones entrarán en vigor escalonadamente. En 2009 habrá un Parlamento Europeo con 751 miembros, 750 de ellos con derecho a voto (todos menos el presidente), y se creará la figura de ministro de Exteriores de la UE (aunque con la actual denominación de alto representante), que conjugará las competencias en la materia atribuidas a Javier Solana y a la Comisión Europea.

El ministro de Exteriores contará con un servicio diplomático , nutrido por personal del Consejo y de la Comisión.

Habrá un presidente del Consejo Europeo, que realizará su labor a tiempo completo, con un mandato de dos años y medio renovables una vez y entrará en vigor una amplia recalificación de las decisiones que podrán adoptarse a la mayoría cualificada, con intervención del Parlamento a través del procedimiento de codecisión.

En 2014, el Consejo de Ministros comenzará a adoptar decisiones mediante un procedimiento de dobles mayorías, en el que se requerirá el visto bueno de al menos un 55% de los Estados miembros, que comprendan a, también como mínimo, un 65% de la población de la UE, para que las decisiones sean adoptadas.

No obstante, hasta primavera de 2017, y si se dieran las circunstancias adecuadas, se mantendrán vigentes los potenciales de bloqueo contemplados en el Tratado de Niza, que prima extraordinariamente la capacidad de obstaculizar decisiones en el Consejo de países como España y Polonia, a través de lo que se conoce por Compromiso de Ioannina.

El acuerdo de Lisboa representa el final de la crisis de la UE, provocada en 2005 por el rechazo franco-holandés al proyecto de Tratado Constitucional. José Sócrates, el primer ministro portugués y presidente del Consejo por turno, manifestaba de madrugada, en conferencia de prensa, que con su consenso sobre los nuevos tratados, los líderes europeos «dejaban atrás la parálisis y la crisis institucional. Europa ha salido reforzada de esta cumbre, para hacer frente a los problemas que preocupan realmente a los ciudadanos europeos. Europa vuelve a estar en marcha».

Pero, y por encima de todo, constituye el cierre -aparentemente por un largo periodo de tiempo- de un debate, de la reforma de las instituciones de la UE, que viene arrastrándose desde mediados de los años 90, cuando Europa era consciente de que tenía que integrar en su seno a buena parte de los países del extinto Comecon -el bloque económico soviético-, pero no deseaba hacerlo con una estructura operacional propia de un club de colegas.

Remodelaciones fallidas

La reforma institucional fracasó en el Tratado de Ámsterdam (1997). La que salió adelante en Niza, tres años más tarde, fue inmediatamente contestada por Gerhard Schröder, quien anunciaba, ya en la rueda de prensa con la que concluyó la cumbre, que sería necesario convocar una nueva conferencia intergubernamental para revisar los acuerdos entonces alcanzados. Después, y efectivamente, vinieron la Declaración de Laeken (2001) y la Convención para la reforma de los tratados y la CIG (febrero de 2002 a junio de 2004) que pusieron a punto el proyecto de Constitución europea, arrumbada por franceses y holandeses en 2005.

Despojada de tan onerosa rémora, la UE se propone penetrar más incisivamente en los problemas internacionales: la cumbre daba ayer instrucciones concretas para la próxima reunión del G-7, en la que se abordarán los problemas derivados de la crisis de las hipotecas subprime norteamericanas.

Los líderes comunitarios quieren transparencia en los mercados, una supervisión eficaz y nuevas reglas para evitar posibles abusos.