Editorial

Condena insuficiente

Los ataques perpetrados contra el delegado del Gobierno en Navarra, la hija del alcalde socialista de Andoain y el presidente de la gestora municipal de Ondarroa -militante del PNV- recrudecen el inquietante rebrote de la violencia callejera, que vuelve a complementar la amenaza de banda terroristaETA contra los cargos de los partidos democráticos. Los dos últimos sabotajes resultan particularmente graves, porque sus autores persiguen amordazar la democracia local reforzando su acoso contra quienes ya viven amedrentados, a fin de que acaben desistiendo. Una pretensión que los radicales consiguieron con 77 candidatos democráticos en las últimas elecciones municipales. Así consta en un boletín interno de Batasuna incautado a Asier Imaz, quien engrosó ayer lista de dirigentes de la formación ilegalizada encarcelados por presunta integración en ETA.

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Es revelador cómo el auto de Garzón identifica las advertencias lanzadas por la banda tras romper la tregua con las realizadas por la cúpula de Batasuna, y cómo vincula «las incitaciones» de la misma al repunte de la kale borroka. La resolución vuelve a desmontar la interesada ingenuidad de quienes siguen trazando, en el seno del nacionalismo, una línea divisoria entre la violencia de ETA y las aspiraciones políticas de la izquierda abertzale.

Las recientes declaraciones de un portavoz de ANV, asegurando que su formación trabaja para que los sabotajes se puedan circunscribir a «una gamberrada más», no sólo constituyen un hiriente sarcasmo para las víctimas: deberían engrosar los elementos indiciarios sobre sus presuntos nexos de unión con Batasuna. Pero lo que también resulta censurable es la renuncia de las instituciones, con el Gobierno vasco al frente, a encabezar comprometidamente la respuesta social contra unos ataques que no sólo tratan de atemorizar a representantes legítimamente elegidos, sino que intentan aislarlos con el estigma de la amenaza.