Los vecinos afectados de Cantarranas llevan hoy su recurso al Constitucional

Los propietarios de los cuatro chalés construidos en suelo no urbanizable en el diseminado de Cantarranas presentarán hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para evitar una sentencia de derribo, ratificada en 2002 por el Tribunal Supremo, después de haber «agotado la vía jurisdiccional ordinaria» ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El abogado de los afectados, José Miguel Gómez Pedrosa, explicó que la defensa recurrió diversas resoluciones «instando a la suspensión de la medida», pero agotaron el plazo a finales de septiembre sin conseguir que el TSJA considerase la imposibilidad legal de la ejecución de la sentencia de demolición.

En este sentido, aclaró que su pretensión era fijar una ejecución alternativa que «hubiera pasado por fijar una indemnización importante con carácter sustitutorio» y que, a su juicio, tendría que haberse impuesto al constructor y promotor de las viviendas que, además, «ha sido parte, en todo momento, en este expediente judicial».

Gómez Pedrosa aseguró que «no se entiende el motivo para desestimar nuestras pretensiones», lo que les «obligó» a formular un recurso de amparo hasta el Tribunal Constitucional y que será presentado hoy.

Por su parte, Diego Llopis, uno de los propietarios afectados, mostró su «desesperación y frustración» ante la desestimación del TSJA, ya que vive en el jardín de su casa desde el pasado 3 de julio puesto que el Tribunal Supremo considera que la parcela es legal, y por tanto habitable.

Según este afectado, en el diseminado de Cantarranas «todas las viviendas son ilegales» porque fueron construidas en 1992 en suelo no urbanizable. Lo que ocurre es que el delito prescribió a los cuatro años para todas, excepto para estos propietarios, que fueron denunciados por un vecino de su misma calle que «trató de extorsionarnos».

De hecho, sus abogados presentaron como prueba ante el TSJA una grabación con «los intentos de extorsión del denunciante» que fue autorizada por un juez de la localidad, ante el que denunciaron los «reiterados intentos de chantaje» de este vecino que, según dijo, «pedía dinero a cambio de retirar la denuncia».

Llopis aludió a la «mala fe» del denunciante, que, «al ver que no sacaba dinero», siguió adelante con la denuncia y «ahora, desalojados y pendientes de un hilo, ha vendido su casa».