Las bajas laborales en la provincia alcanzan una media de 21 días, menos que en el resto del país

Dicen que todos los días se cae un mito, una leyenda, pero también hay quien cree que cada día también nace una nueva. La capacidad laboral de los gaditanos es uno de esos debates permanentes que últimamente ha vuelto a acalorarse con el cierre de Delphi y los efectos que el absentismo podría haber tenido en la crisis de la factoría de Puerto Real. Sin embargo, uno de los datos que desmonta esta creencia popular es el número de bajas que se registran en la provincia y su duración como consecuencia de los accidentes laborales.

El tiempo medio que los gaditanos pasan retirados del trabajo tras sufrir un percance es de 21,2 días, un periodo inferior al que necesitan los andaluces y los españoles, cuyo promedio es de 21,3 y 22,7 días, respectivamente. Este recuento corresponde al año 2005 -el último disponible-, pero si se mira diez años antes, la diferencia es todavía mayor: por ejemplo, en 1996, la duración era de 25,2 días, la menor de Andalucía, que se acercaba a los 27 días y la nacional, que superaba ligeramente los 25.

Más accidentes

Esta menor incidencia de las bajas, contrariamente a la idea generalizada, se produce pese a que los gaditanos sufren un mayor impacto de siniestralidad laboral que otros vecinos de la Comunidad. Así, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la provincia se registran 6,8 accidentes en el trabajo por cada 100 afiliados a la Seguridad Social, el segundo mayor nivel de la región tras Huelva. Una mayor incidencia que se debe, en gran parte, a que los grandes nichos de actividad gaditanos son la construcción y la hostelería, los dos sectores generalmente más castigados por esta lacra.

En total, el pasado año se contabilizaron 25.340 casos que derivaron en una baja laboral (un número en aumento en los últimos años) y de ellos el 98,5% fueron tipificados como leves, mientras que 27 desembocaron en la muerte del trabajador.

De hecho, esta abundancia de casos de menor consideración se refleja en las principales causas que originan una baja: la primera son las dislocaciones, heridas y torceduras (más de 11.000), seguida de las heridas y lesiones superficiales (casi 7.500 afectados) y muy por detrás las fracturas de huesos (con 1.400 casos).

Y tan claro como que las afecciones mayoritarias son traumatológicas es que los trabajadores temporales sufren con mayor dramatismo los estragos de la siniestralidad laboral, lo que viene a confirmar que la precariedad en el tajo aumenta los riesgos de padecer un accidente. Según los datos de 2005 del Ministerio de Trabajo, 14.200 empleados eventuales sufrieron un percance en su empresa frente a los 8.200 que tenían un contrato indefinido.

Y la consecuencia última de esta lacra laboral son las jornadas perdidas, que en el conjunto del año se acercan a las 476.000. Lógicamente, como la duración media de las bajas es menor que en otros puntos del país, también el impacto global es inferior, ya que, por ejemplo, en Sevilla se pierden más de 800.000 y en Málaga, más de 700.000. El coste de estas ausencias motivadas por accidentes de trabajo supera los 30 millones de euros, en base a un estudio realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC OO y de acuerdo con el Informe Trimestral de Coste Laboral que realiza el INE.

Según este último, el importe medio de la hora de trabajo en Andalucía es de 14,95 euros, por lo que las jornadas de trabajo no realizadas suponen una pérdida de 57 millones de euros (considerando las ocho horas reglamentarias). Pero a este precio por el oficio no desempeñado se deben sumar los costes de la cobertura de riesgos profesionales por las mutuas y la Seguridad Social. Según el estudio de CC OO, el valor de la siniestralidad se mide de forma que un 23% es el coste de las jornadas y el 77% restante corresponde a la protección sanitaria, por lo que la repercusión económica de la siniestralidad laboral en Cádiz se acerca a los 250 millones de euros. A nivel nacional, esta cifra se dispara a los 6.527 millones, de los que casi 1.500 fueron por las jornadas perdidas y más de 5.000 millones fueron por la cobertura de salud.

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