Cae un 15,8% el número de demandas por despido en Cádiz

Los datos son objetivos. El número de demandas registradas en los Juzgados de lo Social ha bajado en la provincia de Cádiz y lo ha hecho un 15,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Más allá de las cifras, es importante ahondar en las razones por las que se ha producido este descenso. ¿Se atisba la ansiada recuperación económica o se ha tocado fondo?

Los juzgados y tribunales son los primeros termómetros de los cambios porque marcan el pulso de la calle. En ellos, se dirimen conflictos entre particulares y también entre organismos estatales. Una circunstancia que permite recoger información sobre demandas civiles, penales, contencioso-administrativas, denuncias y juicios. Un seguimiento de lo que ocurre en los juzgados hace posible dar la voz de alarma frente repuntes en la delincuencia y otras situaciones de cambio.

Cuando aún no se hablaba de crisis, por ejemplo, los juzgados fueron de los primeros en poner sobre la mesa que la recesión llegaba por el aumento de los expedientes de suspensiones de pagos de empresas.

Juzgados de lo Social son los organismos del Estado que se dedican a la administración de justicia en materia laboral, es decir, en conflictos entre empresarios y trabajadores y en temas vinculados con la Seguridad Social como la protección por desempleo. Su ámbito es provincial. Por todo ello, el reciente informe que ha presentado el Consejo General del Poder Judicial titulado «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», es revelador.

En la provincia de Cádiz, el número de demandas por despido que se han presentado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015 disminuyó en 123. Se ha pasado de 778 a 655 expedientes, lo que supone un descenso del 15,8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. En la comunidad andaluza también se aprecia una bajada pues se registraron 4.787 demandas, lo que supone un 11,3 por ciento menos.

Cádiz es la tercera provincia andaluza con el descenso más acusado ya que solo se ve rebasada por Huelva y Granada. En el lado opuesto de la balanza se encuentra Córdoba, la única donde han aumentado las demandas aunque el cómputo total de este primer trimestre se queda en 487 expedientes por lo que, pese a la subida, sigue registrando menos que Cádiz.

La bajada en el fin de las relaciones contractuales, tras el intenso ajuste de los últimos años, es una de las buenas noticias de la radiografía del CGPJ. Sin embargo, si estudiamos los datos con algo más de perspectiva vemos que la evolución desde que comenzaron las dificultades económicas es algo diferente. En los últimos siete años, los despidos casi se han duplicado, al pasar de 1.342 a 2.583 entre 2007 y 2014.

En el resto del país, la tendencia es similar a la andaluza. El número de demandas presentadas bajó en todas las comunidades autónomas, excepto en Murcia. Madrid fue la comunidad autónoma donde más demandas se presentaron, con un total de 5.296, lo que representa el 18,4% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 5.138 (17,9%); Andalucía, con las mencionadas 4.787 (16,6%) y la Comunidad Valenciana, con 3.033 (10,5%).

Además, los Juzgados de lo Social andaluces registraron en el primer trimestre del año 6.177 reclamaciones de cantidad, de un total de 38.621 en el conjunto del país, lo que supone un incremento en Andalucía del 4,7% y del 2,7% a nivel nacional. Madrid, con 6.933 demandas, asume el 18% del total y fue la comunidad autónoma donde más se presentaron, seguida por Andalucía, que representa el 16% del total, y de Cataluña, con 5.282 (13,7%).

Procedimientos monitorios

Este sistema para reclamar dinero tiene como ventaja que es más rápido que el procedimiento ordinario pero solo se puede usar en determinados supuestos. Se pueden reclamar cantidades vinculadas a gastos de comunidades de propietarios pero es un requisito indispensable que las deudas dinerarias consten en algún tipo de documento. En este caso el Juzgado de Primera Instancia resolverá en un plazo máximo de 20 días.

Cádiz es la provincia andaluza donde más acusado ha sido el incremento de este tipo de reclamación. Ha subido más de un 20% y se han alcanzado los 5.489 procesos monitorios. Huelva y Sevilla también registran un aumento pero se quedan a varios puntos de porcentuales de la provincia gaditana con un 8,6% y 7,3% respectivamente.

Uno de cada cinco procedimientos monitorios se registró en Andalucía, que sumó el 20,7% del total nacional. Le siguieron Madrid (14,1%), la Comunidad Valenciana (13,6%) y Cataluña (9,9%).

Menos concursos

Los concursos se originan cuando una persona física o jurídica llega a una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos.

El informe del CGPJ señala que el número de concursos presentados hasta marzo fue de 30 en la provincia de Cádiz. Es decir un 16,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Un descenso que es significativo si se compara con las cifras de años precedentes ya que indica que se mantiene la tendencia del pasado año cuando después de siete años disminuyó el número de concursos. Un repaso de las tablas indica que en 2007 hubo 18 concursos pero la cifra fue creciendo hasta alcanzar los alarmantes 180 del año 2013. El año pasado, sin embargo, se bajó hasta los 145 y los datos de este primer trimestre son también esperanzadores.

Las solicitudes presentadas en los Juzgados de lo Mercantil bajaron en todas las comunidades autónomas, excepto en Asturias. En cuanto al total nacional, los 302 concursos presentados en Cataluña y los 299 de Madrid suponen el 17,6 por ciento y el 17,4%, respectivamente. Les siguen la Comunidad Valenciana, con 257 (15%) y Andalucía, con 215 (12,5%).

Colapso judicial

Uno de los grandes problemas de la justicia es la «alta litigiosidad» que existe en los tribunales y una de las quejas más habituales es la lentitud de la Administración de Justicia. Cada demanda genera una ingente cantidad de documentación a la se tarda mucho tiempo en dar salida. «Para realizar cualquier trámite tienes que enfrentarte a una burocracia que parece sacada del siglo pasado. Hace un mes tuve que renovar el DNI. Saqué mi cita por internet y recibí un mensaje en el móvil para recordarme la fecha y la hora. Esperé diez minutos y no tuve que hacer cola. ¿Tan difícil es hacer algo similar aquí?», reflexiona un ciudadano. Sin embargo, a pesar del colapso generalizado en toda la geografía española, los Juzgados de lo Social son los más rápidos.

A las protestas de los particulares hay que sumar las reclamaciones que se hacen desde dentro de los organismos del Estado desde donde se denuncia una sobrecarga de trabajo porque las plantillas son insuficientes. Carmen del Castillo, del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), recuerda que desde hace cinco años no se crea ningún juzgado para paliar esta situación. «El más castigado es el de lo Mercantil porque en estos momentos está triplicando el volumen de trabajo que debe de tener un juzgado sobre todo desde que se han eliminado las cláusulas suelo. El volumen de trabajo es tan alto que está desbordado. Podemos decir que a día de hoy van por la demanda 1.521», asegura.

Los sindicatos han denunciando reiteradamente la sobrecarga y las malas condiciones laborales con instalaciones deficientes y escasez de material. Para Carmen Castillo, no bastaría con acelerar las convocatorias de los juicio porque otro de los problemas está en las ejecuciones de las sentencias. «El proceso no termina cuando se dicta la sentencia».

Además hay una marcada diferencia entre la situación que se vive en la capital frente a la provincia. El volumen de trabajo es menor en la capital porque las plantillas están más reforzadas. «Tenemos gran problema con algunas sedes judiciales, como la de San Fernando, La Linea y el Palacio de Marzales en Algeciras. Se busca incrementar la eficiencia y productividad para conseguir una mayor calidad de la Justicia pero no se apuesta por el personal».

Castillo cita el caso del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cádiz que este año llegó a estar nueve meses sin titular. «La Junta de Andalucía impide cubrir la plaza hasta pasados tres meses y esto repercute en el resto de compañeros que ven aumentada su carga de trabajo, en los ciudadanos y también en los interinos. Existe trabajo pero no se cubre porque hay consignas». Los juzgados están colapsados.