Los proyectos incumplidos de nuevas sedes judiciales disparan el gasto en alquileres

La Cámara de Cuentas cuestiona el grado de cumplimiento de proyectos anunciados por la Junta y su eficacia en la gestión de las infraestructuras judiciales de la provincia.

Un informe fiscalizador sobre el nivel de ejecución del programa de infraestructuras 2002-2008 y hecho público a finales del año pasado, sitúa a Cádiz como segunda provincia de Andalucía, sólo superada por Sevilla, donde menos obras de las que estaban previstas se han realizado.

Tan sólo un pírrico 9,5% ejecutado que ha supuesto la inversión de 26 millones de los 274,3 que había previsto el ambicioso plan de la Administración regional.

Como consecuencia de esos incumplimientos, la provincia también encabeza detrás de Sevilla, el incremento en metros cuadrados alquilados, y por tanto, de gasto en arrendamiento de edificios para paliar la carencia de inmuebles en propiedad.

El principal motivo de este escaso nivel de cumplimiento obedece a la parálisis casi crónica que arrastra el principal proyecto gaditano y que se incluía en ese programa de infraestructuras elaborado en 2001: la ciudad de la justicia de Cádiz. La falta de este complejo que vendría a reunir en un mismo edificio todos los juzgados de la capital es el causante de la dispersión de sedes y la multiplicación de espacios alquilados.

La ciudad de la justicia de Cádiz

En el informe, cuyos datos comprenden desde el año en que la Administración andaluza asumió las competencias en materia de Justicia (1997) hasta diciembre de 2013, se incluye este complejo proyectado en la capital en el apartado de obras que estaban pendientes sólo del trámite de la licitación.

La Cámara de Cuentas recoge el proyecto que iba a levantarse entre las calles Brunete y Tolosa Latour en unas parcelas que adquirió la Junta a través de la fórmula de la permuta de otros solares con la Diputación.

El proyecto básico data de 2010 y el de ejecución de un año después. Estaba sólo a falta de salir a concurso la obra cuando la Junta confirmaba vía aprobación de sus presupuestos de 2013 que se paralizaba ‘sine die’ la principal infraestructura judicial de la provincia. No se reservaba ni un euro para este proyecto.

Hace escasos meses, el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, anunciaba un nuevo emplazamiento, idea y proyecto para la ciudad de la justicia, renunciando a lo poco que se había avanzado durante casi una década.

El informe señala que la falta de presupuesto y de empresas dispuestas a participar bajo una fórmula de colaboración público-privada han frenado la obra.

Este retraso ha sido decisivo, explica la Cámara de Cuentas, para que el gasto en alquileres se disparara entre 1997 y 2013. En el primer año de competencias transferidas, Cádiz heredó de la Administración del Estado el arrendamiento de varias sedes que sumaban 5.286 metros cuadrados. Esos alquileres generaban una factura anual de 199.820 euros.

En 2001, cuando se elabora el programa de infraestructuras para abordar el mal estado de muchos juzgados y la necesidad de adaptarse a una planta judicial que había crecido con nuevos órganos en toda Andalucía, la Junta había multiplicado por siete el gasto anual en sedes alquiladas por carecer de inmuebles propios.

Así, hace catorce años, la factura anual por este concepto se iba a cerca de un millón de euros (887.000 euros) debido al aumento de la superficie alquilada en 11.417 metros cuadrados.

En 2013, cuando ya debían haberse cumplido los objetivos recogidos en el citado programa, la Junta no sólo no había reducido el número de espacios alquilados y, por tanto, de gastos en arrendamiento. La superficie total se había cuadruplicado y el coste anual se disparaba a los 2,6 millones de euros, según recoge el informe, elaborado a partir de los datos aportados por la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas y en los que se excluyen los juzgados de paz porque habían quedado fuera del plan andaluz.

Renegociar para recortar

Esta factura que supone un lastre muy importante en las cuentas de una administración pública ha sido el caballo de batalla del actual delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, quien a finales de año aseguraba que gracias a la renegociación de los alquileres habían conseguido reducir en dos años el gasto en alquileres en 1,2 millones.

Sin embargo, proyectos como el nuevo emplazamiento de los juzgados de San Fernando aventuran que esa política de contención peligra. El traslado salió a concurso por un importe de 400.000 euros, pero no hubo propuestas. Ahora se ha aumentado el precio de licitación hasta los 619.824 euros por cuatro años de alquiler (154.956 euros anuales).

La sede judicial de La Isla también aparece reflejada en el informe como ejemplo de retraso excesivo en la ejecución de los proyectos incluidos en el programa de infraestructuras.

En 2002 comenzaron las primeras gestiones para construir un nuevo edificio en la avenida de la Constitución. Se llegó a gastar cerca de medio millón de euros en la redacción del proyecto básico, que estaba a falta del informe favorable de la Administración andaluza para iniciar los trámites de licitación.

Sin embargo, el parón llegó en 2008 y seis años después, la Junta busca una salida en el arrendamiento, guardando en el cajón el proyecto del edificio en propiedad.

La Cámara de Cuentas concluye que en el caso de la provincia de Cádiz no se ha cumplido con uno de los principales objetivos que tenía el ambicioso plan regional de infraestructuras.

Con él se pretendía modernizar las sedes, reducir la factura de arrendamiento a través de la construcción de complejos que centralizaran todos los servicios y juzgados de las capitales de provincia y de ciudades grandes como Jerez.

En el programa aprobado en 2011 se incluían 18 actuaciones para la planta judicial gaditana: doce consistían en la construcción de nuevas sedes, cinco en la reforma y rehabilitación de las ya existentes y una en la compra y adecuación del inmueble que ya estaba en uso. Éste último es el caso de la sede de la Audiencia en Jerez, cuyo edificio fue adquirido en 2003 tras estar la Junta varios años como inquilino.

Junto a esta compra, sólo se han ejecutado siete proyectos más como la construcción de los juzgados de Arcos en 2007 o los de Sanlúcar y Ubrique en 2005; siete permanecen en ejecución, aunque estén completamente paralizados como es