Tribunales
El sobrino de Felipe González se declara «inocente» en el caso de los préstamos de Invercaria
La Audiencia de Sevilla ha acogido este lunes la primera sesión de la tercera pieza de esta macrocausa de corrupción que se enjuicia, la que investiga la contratación del personal de esta entidad pública
La tercera pieza separada de la macrocausa de corrupción de Invercaria , que investiga los préstamos concedidos por esta entidad pública, por un valor total de unos sesenta millones , entre 2005 y 2010 con el PSOE-A al frente del Gobierno autonómico para más de 270 proyectos empresariales , algunos de ellos ruinosos, ha llegado a juicio casi diez años después del inicio de la instrucción judicial. La Audiencia de Sevilla ha acogido este lunes la primera sesión de la vista oral celebrada contra Tomás Pérez-Sauquillo y otros tres exdirectivos de la sociedad pública, entre ellos el sobrino de Felipe González , por delitos de prevaricación y malversación en la contratación de personal en esta entidad pública. Precisamente, este último se ha declarado «inocente» de los hechos que le acusan al inicio del juicio.
En el banquillo se sientan el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el ex director financiero Antonio Nieto y dos exdirectores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino del expresidente socialista del Gobierno. No obstante, Pérez-Sauquillo, condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, se ha ausentado de esta sesión y de las siguientes por motivos de salud. Comparecerá el día que tenga que declarar.
Los tres acusados presentes en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Sevilla han respondido de forma breve al tribunal para manifestar que conocen los escritos de acusación formulados en su contra y formalizar su petición de prestar declaración al final de la prueba , esto es, después de los testigos y peritos.
A su vez, en este turno breve de intervención, los tres acusados se han declarado «no culpables» . Juan María González ha afirmado que es «inocente».
La Fiscalía pide para el expresidente de Invercaria seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones de administración y gestión de entidades participadas directa o indirectamente por alguna Administración pública por el delito de prevaricación.
Para Antonio Nieto, solicita seis años de prisión por el delito continuado de malversación, mientras que para los dos ex directores de Promoción pide tres años y medio de cárcel por ese mismo delito.
La Fiscalía, en su turno de cuestiones previas, ha anunciado que renunciará cuando emita sus conclusiones definitvas a solicitar que los acusados indemnicen en concepto de responsabilidad civil a Invercaria, teniendo en cuenta que esta parte se ha reservado iniciar acciones civiles contra los investigados una vez concluya la vía penal para recuperar el dinero.
El Ministerio Público pedía que Pérez-Sauquillo indemnizara a Invercaria en la cantidad de 90.224,16 euros; que el exdirector financiero lo hiciera en la cantidad de 232.446,32 euros y que los ex directores de Promoción indemnicen con 12.960 y 29.928,26 euros, respectivamente.
La primera sesión ha estado marcada por el trámite de cuestiones previas, de las que han resaltado la pretensión de los abogados de Antonio Nieto y Tomás Pérez-Sauquillo de excluir de la causa a IDEA , quien fuera socio principal de Invercaria en el momento de los hechos, alegando que la perjudicada es Invercaria y ya está personada en la causa. El tribunal ha desestimado dicha pretensión.
Otra cuestión llamativa de las expuestas esta mañana ha sido la del abogado defensor de Antonio Nieto de querer llamar como testigo al abogado de IDEA , Gregorio Pérez, para que explicara el despido Pérez-Sauquillo como presidente de Invercaria. Esta petición ha sido tildada por el propio Gregorio Pérez de mala fe. El tribunal, del mismo modo, también ha rechazado dicha petición al tratarse de un hecho fuera del objeto de enjuiciamiento.
Por último, el abogado de Juan María González ha expuesto que en el caso de su cliente se vulnera el derecho constitucional de tutela judicial efectiva , ya que se le causa indefensión por la imprecisión de los escritos de calificación de la Fiscalía y la acusación del PP-A, algo que el tribunal no comparte y ha rechazado dicha cuestión previa.
Los hechos investigados
Esta tercera pieza de Invercaria se conoce como la de personal. Se abrió «por las actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de r etribuciones del personal y finiquitos en dicha entidad, actuaciones que supusieron», según el juez instructor, la «disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados», quienes podrían haber participado en un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos.
El juez precisa que «existien disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso» los cuatro investigados en su relación laboral con Invercaria, «prevaliéndose de las facultades que ostentaban en los cargos que ocupaban para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito e indebido».
Para el magistrado del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Pérez-Sauquillo, como consejero delegado de Invercaria, «asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo », de forma que «decidía qué personas eran contratadas para trabajar en la entidad Invercaria, así como los sueldos que le correspondían».
Decisiones «sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido y por su propia voluntad», sin recabar el preceptivo informe previo de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda, «ni respetar los límites salariales que le imponían las distintas leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma».
Sueldos y préstamos
En los años 2007 a 2009, según el juez instructor, el expresidente de Invercaria decidió incrementar las retribuciones que iba a percibir con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos del ente público y «sin que existiera causa justificada» de dichas subidas salariales, asevera el magistrado.
El juez añade en su auto de procesamiento que el 17 de abril de 2006 el investigado Antonio Nieto suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para prestar sus servicios como director financiero. Pérez-Sauquillo, «concertado» con Nieto, «sin que existiera fundamento objetivo que lo justificara, decidió retribuir al investigado en el periodo de los años 2007 a 2010 unas cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato de trabajo y la legislación vigente sin causa legal justificada», y todo ello «sin que existiera otra causa de esas subidas salariales que el propósito de ambos de obtención de lucro por parte de Antonio Nieto en perjuicio de Invercaria».
El 1 de noviembre de 2005, el investigado Cristóbal Cantos suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria a fin de que ostentara el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando el juez que, en julio de 2007, Invercaria concedió a Cantos un préstamo personal de 30.000 euros a devolver sin intereses en 60 mensualidades mediante un descuento en la nómina. Según el auto, a la fecha de la extinción de la relación laboral, Cantos «tenía pendiente de devolver a Invercaria la suma de 17.962,53 euros» de ese préstamo personal.
El juez asevera que Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto decidieron « condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo personal», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria». El instructor considera que estos tres investigados «eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía todavía adeudada».
Deudas condonadas
También señala el magistrado en su auto de procesamiento que el 1 de julio de 2005 el investigado Juan María González suscribió un contrato de trabajo con Invercaria para desempeñar el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla. Cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, «a petición» de este investigado, «se subrogó en el préstamo personal que la agencia IDEA le había hecho a González durante el tiempo que desarrolló su trabajo para la referida agencia IDEA», una operación con la que el sobrino de Felipe González «pasó a contraer una deuda con Invercaria» por una cuantía de 17.468,75 euros «en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador de Invercaria».
Cuando finalizó su trabajo en Invercaria, «tenía pendiente de devolver 27.406,25 euros del préstamo. Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto, según el juez, « decidieron condonarle esa cantidad pendiente de devolución », con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido con esos fondos públicos en perjuicio para el patrimonio de Invercaria», siendo estos tres investigados «conscientes y sabedores de la manifiesta irregularidad de esta condonación».
El 1 de junio de 2010, siendo ya González Mejías consejero delegado de Invercaria, «concertó con Invercaria la concesión d e otro préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador», pero a la fecha del cese de la relación laboral «tenía pendiente de devolver 29.000 euros» que «no devolvió» en ese momento «con el consentimiento» del director financiero. Finalmente, el investigado repuso dicha cantidad en marzo de 2012.
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