CASO ERE
Un perito de la defensa: «En la Consejería de Hacienda está el grifo, nunca la llave, en el caso ERE»
Juan Antonio Carrillo, experto propuesto por Martínez Aguayo, endosa a la Intervención la responsabilidad de emitir un informe para actuar
El fiscal Manuel Fernández Guerra ha realizado este miércoles una pregunta directa a los peritos de parte que ilustran al tribunal en el juicio de la denominada pieza política del caso ERE: «¿Qué papel juega la Consejería de Hacienda cuando los informes de la Intervención de la Junta hablan obligaciones que tienen las entidades auditadas, como el IFA/IDEA, sobre las recomedaciones que les hacen?».
En resumen, el Ministerio Público ha preguntado qué pudieron hacer los exconsejeros de Hacienda Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán (presidente de la Junta entre 2009 y 2013) cuando la Intervención puso de manifiesto errores en el sistema empleado para financiar ayudas .
Juan Antonio Carrillo, uno de los peritos que elaboraron un informe a petición de la exviceconsejera y después exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha contestado que la Consejería de Hacienda tuvo el «papel de testigo» porque en dicho departamento «está el grifo, nunca la llave , porque la llave está en la Intervención General de la Junta de Andalucía y se llama informe de actuación, que es el único "input" (entrada) que puede suscitar ya sí una competencia no resolutoria de elevación al Consejo de Gobierno» de una determinada actuación por parte del consejero de Hacienda.
El profesor Carrillo también deslizó en este caso la responsabilidad al exinterventor general Manuel Gómez (al que no citó expresamente), acusado en este procedimiento junto con dos expresidentes autonómicos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y 19 ex altos cargos más de la Junta de Andalucía por crear y mantener durante diez años un procedimiento específico que permitió repartir 855 millones de euros en ayudas entre empresas en crisis y prejubilados.
En la sesión de este miércoles, el fiscal también ha exhibido a los peritos de la Intervención del Estado y a los peritos de parte un acuerdo del Consejo de Gobierno relativo a una modificación presupuestaria, la primera vez que se movilizan fondos desde la Consejería de Empleo al ente instrumental IFA/IDEA para el pago de ayudas sociolaborales a extrabajadores de la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina S.A. en el año 2000.
Empleo intentó darle las ayudas directamente pero el interventor delegado de la Consejería de Empleo puso reparo a estas ayudas porque, entre otras cosas, iban en contra de las normas de competencia que establecía la Comisión Europea.
Para sortear estas trabas, la Consejería cambió el sistema a través de una modificación presupuestaria que cambiaba el concepto de subvención por el de transferencia de financiación de Empleo al IFA, según indicó el fiscal en el juicio. Lo que era legal pasó a ser ilegal mediante un acuerdo validado por el Consejo de Gobierno, el máximo órgano del poder ejecutivo, a juicio de las acusaciones. Esta es también la tesis de los peritos del Estado, que han elaborado 275 informes sobre las ayudas sociolaborales para esta causa de los ERE.
La perito del Estado Rosa María Hernández ha reconocido que esta modificación presupuestaria «no es adecuada» porque «estaba presupuestada en un concepto correcto de subvención y se modifica y pasa a un concepto (transferencia de financiación) que era para cubrir las pérdidas de la entidad». El fiscal le preguntó si ese cambio implicaba que «esas subvenciones no fueran fiscalizadas» por el Interventor. «Es así», admitió la experta.
Los peritos de la Intervención también han reconocido que se financiaron ayudas sociolaborales con cargo a otros programas presupuestarios . Los peritos de parte han manifestado que no tuvieron conocimiento de esto porque excedía el objeto del informe solicitado por las defensas que recurrieron a ellos.
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