CASO ERE ANDALUCÍA
Otra interventora censura que Empleo «sabía» que estaba dando ayudas a ERE «opacas» al control
Teresa Arrieta, que fue adjunta a la Intervención General, confirma que la Consejería de Empleo dio subvenciones sin procedimiento
María Teresa Arrieta, interventora adjunta a la Intervención General de la Junta de Andalucía en el área de control financiero desde 2005, ha declarado durante la sesión 67 del juicio de la pieza política del caso ERE que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo «no debía» haber dado las subvenciones para prejubilados y empresas en crisis como las concedió durante diez años, mediante un sistema que omitía el procedimiento en el pago de las ayudas porque era «opaco al control» de la Intervención, además de generar un desfase presupuestario.
«Poder se puede, pero no se debe», ha contestado la testigo al fiscal Juan Enrique Egocheaga cuando éste le ha preguntado si se podían dar subvenciones excepcionales durante diez años sin que estuvieran sometidas a ninguna normativa. «Lo lógico hubiera sido una regulación» para conceder este tipo de ayudas, ha apostillado Arrieta, que más adelante ha censurado la actuación de Empleo porque el mecanismo empleado estaba «fuera de todo procedimiento» .
La actual interventora adjunta al interventor general en el juicio declara como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre 2000 y 2011. En el banquillo se sientan, entre otros, los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán .
Durante el juicio, a preguntas del fiscal y de las defensas, Arrieta ha insistido en varias ocasiones en que « las subvenciones se estaban concediendo fuera de todo circuito » porque «no se podían someter a fiscalización» de la Intervención General, dado que no existía expediente de gasto.
La falta de control tiene su origen en que la Consejería de Empleo concede las ayudas irregulares pero endosa el pago de las mismas (mediante un convenio marco de 2001) en un ente externo, la agencia IDEA, cuyos gastos no están sometidos a los mismos controles que el dinero directamente abonado por la Consejería.
La interventora de la Junta, que entre 2005 y 2010 se encargaba del examen de subvenciones y fondos europeos, ha explicado que la Dirección General de Trabajo «sabía» que estaban concediendo ayudas irregularmente (fueron 855 millones de euros en total) porque «no se estaban sometiendo expedientes de gasto (de las ayudas) a la fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía». Es decir, no se podía examinar el destino de las ayudas, algunas de las cuales acabaron en manos de intrusos o falsos trabajadores incluidos en ERE subvencionados de empresas donde no habían trabajado, conseguidores de ayudas, sindicatos, bufetes de abogados y comisionistas.
«A pesar de eso» se siguieron dando ayudas después incluso de que la Intervención le notificara en 2005 un informe adicional al de control financiero permanente de las cuentas de IDEA en el ejercicio 2003, dijo Arrieta, a preguntas del abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al exconsejero de Empleo Antonio Fernández García. En dicho informe, la Intervención advirtió de que se estaban concediendo ayudas «prescindiendo total y absolutamente» del procedimiento establecido.
A juicio de la funcionaria, que fue nombrada como adjunta por el consejero responsable de Administración pública, la Dirección de Trabajo «conoce sus obligaciones» y la normativa reguladora «donde se recoge que toda propuesta de gasto debe estar sometida a fiscalización». Añadió que este órgano gestor « no ejecutó bien su programa presupuestario ». «Lo que no hay es que alimentar más el canal», ha indicado la funcionaria en relación con la dotación presupuestaria que recibía este programa año a año, y que era ampliada mediante las modificaciones presupuestarias que aprobaba el Consejo de Gobierno andaluz.
Arrieta, que ha ratificado las manifestaciones que realizó ante la Guardia Civil, durante la instrucción del caso ERE, ha salvaguardado el papel del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, procesado en esta causa, al asegurar que por parte de la Intervención « no se podía haber hecho más» de lo que hizo. Es más, ha defendido que el informe adicional de 2005 «no debería haberlo hecho porque estaba fuera del ámbito de control financiero permanente», al que estaba sometida la agencia IDEA.
El fiscal le preguntó si las consejerías de Hacienda y de Innovación, receptoras del citado informe, además de la Consejería de Empleo, podían haber hecho algo más para frenar los pagos. La testigo ha respondido que por la Consejería de Empleo «sí se podía haber hecho más». Añadió a continuación que « se podía haber llevado al Consejo de Gobierno a lo mejor pero no está regulado ».
Con posterioridad, José María Mohedano, abogado de Griñán y del exdirector general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano, le volvió a preguntar sobre este asunto, que fue objeto de una rectificación a su declaración inicial ante la Guardia Civil. Arrieta ha aclarado que « no había obligación de mandar» el informe al Consejo de Gobierno .
Tensión entre el juez y un abogado
Durante el interrogatorio han protagonizado un tenso rifirrafe el abogado de Fernández y el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña. El abogado Alfonso Martínez del Hoyo se quejó de que el juez siempre interrumpía sus preguntas: « Tiene la virtud de romper el hilo de mis interrogatorios ». La respuesta del magistrado fue contundente: «Si cumpliera con sus obligaciones, este presidente no tendría por qué interrumpirle porque ya han sido reiteradas las advertencias que se le han hecho». El juez ha llamado a capítulo en varias ocasiones a este letrado por hacer valoraciones sobre las respuestas que ofrecen testigos en el juicio.
