El profesor de Derecho Civil en la Universidad Loyola de Andalucía en Sevilla
El profesor de Derecho Civil en la Universidad Loyola de Andalucía en Sevilla - JUAN JOSÉ ÚBEDA
IMPOSIBLE CONVERGER CON EUROPA

«La Junta sólo licita un 1% de innovación en su oferta pública»

Entrevista con Francisco José Fernández Romero, abogado y profesor universitario

SEVILLAActualizado:

En su libro «La nueva política: gestionar la innovación», defiende que sin la compra pública innovadora no habrá convergencia con Europa.

—Usted afirma en su libro que por cada euro de subvención sólo se recupera 3,5 céntimos, ¿por qué Europa sigue con estas políticas? ¿No está ahí el origen del problema?

—Europa reconoce que la política de financiación basada en la subvención no es el modelo futuro a seguir sino lo que las directivas comunitarias llaman «Asociación Público-privada». Ello se acompaña de una premisa, que únicamente se incentiven inversiones basadas en la innovación y en la tecnología, abandonando las inversiones en suelo. Por tanto, las políticas europeas han cambiado, se ha reconocido el error: esa es la base de la Estrategia 2020.

—En su libro propone la compra pública innovadora. ¿Podría explicar en qué consiste su propuesta?

—La compra pública innovadora es un contrato que permite a la Administración Pública adquirir en el mercado privado soluciones avanzadas para aplicar en los servicios públicos, sanitarios, sociales, infraestructuras… Se trata de un modelo de contrato que se construye a través de tres fases: En primer lugar la Administración propone y publica sus necesidades al mercado; en segundo lugar el mercado plantea soluciones a dichas necesidades, basadas en un desarrollo conjunto (Administración-privado) de soluciones. Y la fase final es aquélla en la que la Administración selecciona las mejores propuestas y realiza la adjudicación final.

—Drones de vigilancia para incendios, sistemas para buscar náufragos en el mar, tecnologías relacionadas con la movilidad… pero ¿no considera que la gran contratación es la obra pública?

—El gran reto de España en general y de Andalucía en particular está en aplicar la innovación a los servicios públicos más necesitados. Y para ello necesita utilizar la contratación pública como fomento de la inversión. Actualmente España tiene innumerables aeropuertos, la mejor red de infraestructuras ferroviarias y de carreteras de Europa. Sin embargo, estamos muy por debajo de la brecha digital en atención a los ancianos, en la ayuda a domicilio, en los servicios médicos en las zonas rurales, en la transformación digital de los polígonos industriales o en la gestión de la movilidad en la ciudad. También el acceso a la cultura. A ello podríamos añadir que los principales problemas sociales como la pobreza energética o la emigración también podrían ser mitigados desde una gestión innovadoras de soluciones. El problema de la localización de inmigrantes en alta mar mediante sistemas innovadores es un claro ejemplo de compra pública innovadora.

—La licitación de bienes o servicios innovadores apenas supone el 1% de la adjudicación en Andalucía, ¿por qué?

—Hay falta de voluntad política, además de poca implicación del sector privado. La Administración se encuentra más cómoda aplicando las fórmulas contractuales típicas. Además, no se percibe de forma adecuada el hecho de que el sector privado participe en las soluciones finales de los servicios públicos. Sin embargo, la nueva Ley de sector público publicada en noviembre cambia este planteamiento.

—¿Se debería puntuar la innovación en los concursos públicos?

—La nueva Ley de contratos del Sector Público ya lo permite. Las Directivas europeas así lo imponen. Además los fondos europeos destinados a proyectos empresariales están facilitándose únicamente a desarrollos innovadores, especialmente en compra pública innovadora.

—En su libro apunta la responsabilidad compartida entre empresa pública y privada para abaratar costes, ¿está dispuesta esta última a asumir ese riesgo de perder dinero?

—La visión de la figura desde el sector privado no puede ser ese. Al contrario, la empresa privada debe pensar que con esta figura fidelizas un nuevo mercado global, más competitivo y con desarrollos replicables en otras administraciones. El sector privado solo tiene ventajas en la aplicación de esta figura, especialmente en el posicionamiento en el mercado de lo público. Iberoamérica va por delante de Europa en ésta percepción. Por eso muchas empresas españolas están ejecutando proyectos allí antes que en España.

—Trescientos millones de euros de fondos autonómicos, estatales y comunitarios para licitar hasta 2020, ¿no podría establecerse un mínimo legal para proyectos innovadores que luego pudieran revertir al erario público?

—Tenemos esa posibilidad pero no la estamos utilizando. En éstos momentos cada Consejería de la Junta de Andalucía está haciendo una reflexión individual sobre la aplicación de la figura. Haría falta sin embargo una reflexión integradora y común, una Oficina técnica de compra pública innovadora que gestionara los proyectos de forma transversal. Esta situación genera frustración en el sector privado y desánimo en la propia Administración.

—¿Hay algún ejemplo andaluz innovador licitado por la Administración pública que pueda servir de referente a los demás?

—La Agencia de la Energía ha desarrollado algún proyecto en Construcción sostenible, y la Agencia del Conocimiento me consta que está trabajando en la figura. El proyecto actual más importante es Algeciras BrainPort, en el que la Autoridad Portuaria de Algeciras ha movilizado proyectos de compra pública innovadora para mejorar y optimizar la organización portuaria. También estamos trabajando en la realización de una Guía para Administraciones Locales que en energía, residuos y urbanismo tienen mucho que desarrollar.

-En Europa la licitación pública representa el 19 por ciento del PIB frente al 13 por ciento de España, según recoge en su estudio, ¿esos seis puntos de diferencia es el peaje de la crisis económica de 2008?

—Fundamentalmente si. Aunque también influyen importantes datos como el hecho de que el tiempo medio de duración de un procedimiento de licitación en España es más alto que en europa, o el hecho de que en España no ha triunfado figuras como la colaboración público-privada, que movilizan en Europa grandes inversiones.

—¿De verdad necesitamos en España 52 aeropuertos?

—Sin duda no. Pero hemos asociado el progreso de las CCAA a la propiedad de muchas infraestructuras, sin hacer una planificación general. Y sobre todo, falta auto crítica sobre la rentabilidad real de las infraestructuras. Estamos más cómodos en la inversión del presupuesto que en desarrollar fórmulas de gestión compartidas adaptadas a Europa.

—¿No habría que replantearse una racionalización del gasto público y ser conscientes de que no todas las provincias de España necesitan tener tal alto número de universidades, por ejemplo?

—Sin duda. Yo añadiría más, el tema de debate pensando en nuestros jóvenes no solo debe ser ese, sino que en la actualidad hay titulaciones que se ofertan que no tienen futuro profesional, porque el mercado de trabajo no las percibe. La labor de la Universidad debe ser guardar un equilibrio entre trasmitir conocimientos y su vocación profesionalizante.

—En muchos contratos de obra pública en el extranjero la adjudicación va ligada al mantenimiento por la misma empresa, con eso se evita los sobre costos, ¿por qué no se emplea esa fórmula en España?

—Hemos incluido en el debate político la gestión pública y la gestión privada como asociadas a distintas creencias o dogmas. Por ello hay cierto complejo en aplicar la experiencia del sector privado en la gestión de servicios públicos. Sin duda es un error. La realidad económica no hace esa distinción. Lo fundamental es la calidad del servicio pensando en el ciudadano.