La juez Núñez pide al PP una fianza diez veces mayor que el Supremo para poder acusar

Una fianza diez veces mayor que la que impuso el Tribunal Supremo al PP andaluz en la investigación que afectaba a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso ERE, cuando los cargos investigados estaban aforados. Es lo que solicita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a los populares para continuar en la causa que investiga las irregularidades en los avales concedidos por la agencia autonómica IDEA a empresas.

La juez instructora del denominado caso Avales reclama al PP que depositen 30.000 euros en la cuenta de consignaciones del juzgado, o mediante «un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito». Hay que recordar que el Supremo fijó en 3.000 euros el depósito para una investigación sobre una suma supuestamente defraudada que se cifró en 855 millones de euros.

Con esta decisión, Núñez abre una puerta incierta con repercusiones imprevisibles para el PP en el caso de que se decida a imponer nuevos depósitos en los múltiples casos en los que interviene. El PP-A figura como acusación popular en otros procedimientos judiciales contra la Junta de Andalucía, como el caso ERE y el de Formación, que investiga el juzgado de Núñez.

La magistrada, que también instruye el caso ERE, advierte que deberá depositar este dinero «para continuar la intervención del Partido Popular como parte en el presente procedimiento». Una cuantía que considera «prudente y equitativa teniendo en cuenta que la fijación de la fianza no puede establecerse simbólicamente, sino en relación a la naturaleza de los hechos perseguidos y la capacidad de quien la presta».

La Fiscalía solicitó la imposición de una fianza a esta parte, pero la fijación de la cuantía corresponde a la juez. En un auto del pasado lunes, Núnez justifica este depósito recordando que esta acusación popular presentó un recurso de apelación contra un auto dictado por ella el 2 de marzo pasado para delimitar el objeto de investigación. A su juicio, el PP pretende «ampliar en una causa general y prospectiva» la investigación. En este sentido, concluye, «considera adecuado fijar en 30.000 euros la fianza» que debe consignar en el juzgado.